Las denuncias no formalizadas sobre presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios municipales preocupan a legisladores federales, pues aseguran que existe una desaceleración económica en la ciudad de Tijuana y eso también puede estar afectando.

Durante un encuentro de trabajo con el alcalde, el senador panista por Baja California, Max García, expuso inquietudes que, según dijo, ha recogido tanto en el Senado como a través de cámaras empresariales, grupos locales y testimonios directos. La principal preocupación gira en torno a prácticas irregulares que afectarían a comercios, empresas e incluso desarrollos inmobiliarios.

Aunque evitó señalar nombres o áreas específicas, el legislador insistió en que estas conductas no deben interpretarse como una política institucional, sino como acciones individuales que requieren una respuesta firme. Aseguró haber recibido por parte del alcalde Ismael Burgueño, el compromiso de implementar medidas “contundentes” y de establecer una política de cero tolerancia.

Según lo expuesto en la reunión, algunos empresarios han optado por cerrar o trasladarse a la informalidad ante la presión de pagos indebidos, lo que, a su vez, reduce la recaudación y afecta las condiciones laborales de los trabajadores.

El senador subrayó que la falta de denuncias formales no implica inexistencia del problema, sino temor de los afectados a represalias, al tener que proporcionar datos personales en los procesos legales. Por ello, planteó la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia y garantizar procesos judiciales efectivos.

Ambas partes acordaron mantener canales de comunicación abiertos y dar seguimiento a los compromisos adquiridos, con la intención de que las acciones no se queden en declaraciones. Además, el legislador adelantó que trabaja en una propuesta de reforma para atender también el fraude inmobiliario, fenómeno que, afirmó, se extiende en todo Baja California y no solo en Tijuana.