Tras la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de presunto lavado de dinero, el diputado local Juan Manuel Molina García consideró que esta medida no representa una violación a los derechos ciudadanos, sino una acción preventiva dentro de investigaciones.

El legislador explicó que el congelamiento de cuentas no es una práctica nueva, ya que desde hace años se han aplicado este tipo de medidas, incluso mediante órdenes judiciales. Señaló que lo que actualmente se discute es la delimitación de criterios bajo los cuales pueden ejecutarse.

“Este tipo de acciones han existido desde hace mucho tiempo, no solo en México, sino en diversos países, principalmente en investigaciones relacionadas con el crimen organizado”, indicó.

Molina García comparó esta medida con otras figuras legales como las órdenes de restricción, en donde, dijo; no se elimina un derecho, sino que se limita temporalmente para evitar un daño mayor o proteger un interés jurídico.

En ese sentido, explicó que el congelamiento de cuentas no constituye una afectación definitiva, sino una herramienta para evitar que recursos posiblemente ilícitos sean retirados o desaparezcan durante el proceso de investigación, lo que impediría la recuperación del dinero o la reparación del daño.

“El objetivo es evitar que se pierda el dinero que podría ser producto de un delito y que después no se pueda resarcir al afectado o al erario”, puntualizó.

El diputado reconoció que aún falta un análisis más detallado de la resolución de la SCJN, particularmente de los argumentos de las y los ministros, para emitir una postura más completa sobre el alcance de esta medida.

Finalmente, subrayó que muchas víctimas no denuncian delitos financieros ante la percepción de que no recuperarán lo perdido, por lo que este tipo de acciones buscan precisamente garantizar que exista la posibilidad de restitución.