En un intento por fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, el Ayuntamiento de Tijuana incorporó a más de medio millar de residentes como comisarios sociales honorarios, quienes tendrán la tarea de supervisar el desempeño de la administración municipal en distintas colonias de la ciudad.

Durante una ceremonia oficial, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz tomó protesta a 566 ciudadanos —en su mayoría mujeres— que asumirán este rol de manera voluntaria. La figura busca consolidar un modelo de participación en el que la sociedad civil actúe como enlace directo entre la población y las autoridades locales.

El presidente municipal destacó que la inclusión de estos perfiles responde a la necesidad de construir un gobierno más abierto, donde la ciudadanía tenga un papel activo en la evaluación de los servicios públicos y programas institucionales. Según explicó, los comisarios deberán fungir como observadores en sus comunidades, reportando irregularidades y necesidades prioritarias.

Por su parte, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, subrayó que el programa ha logrado una respuesta significativa por parte de la población, lo que —afirmó— refleja el interés social por involucrarse en la vida pública. Recordó que en ejercicios previos, los participantes realizaron recorridos en distintas zonas de la ciudad para verificar servicios como la recolección de basura y el funcionamiento de programas municipales.

El esquema contempla que los comisarios sociales mantengan una comunicación constante con la Sindicatura, instancia encargada de canalizar las observaciones y dar seguimiento a posibles irregularidades detectadas.

Durante el acto, representantes del Cabildo y legisladores locales coincidieron en que este tipo de iniciativas pueden contribuir a mejorar la eficiencia gubernamental, siempre que exista un seguimiento efectivo a los reportes ciudadanos.

Los nuevos comisarios iniciarán labores en las distintas delegaciones del municipio, en un contexto donde persiste la demanda por mayor transparencia en el uso de recursos públicos y en la ejecución de obras.