La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California abrió un expediente de oficio, además de atender solicitudes presentadas por colectivos, tras el caso de una mujer trans presuntamente privada de la libertad y relacionado con el grupo conocido como “Patrulla Espiritual”.

El presidente del organismo, Jorge Ochoa, informó que se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud de Baja California con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la persona internada en un centro de rehabilitación.

Explicó que dichas medidas fueron notificadas la tarde del martes y contemplan la verificación puntual de las condiciones en las que permanece la mujer trans.

Detalló que personal de Derechos Humanos acudió al lugar acompañado por autoridades sanitarias y que un visitador entrevistó directamente a la persona, quien manifestó encontrarse en buen estado y aseguró que sus derechos están siendo respetados.

En paralelo, la fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, indicó que la Fiscalía General del Estado de Baja California ya revisa el caso para determinar si existió la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad.

La fiscalía confirmó que agentes acudieron al centro debido a una denuncia previa por localización de persona, presentada por la madre de la mujer trans, quien inicialmente reportó no haberla encontrado y posteriormente observó imágenes relacionadas con el caso difundidas en redes sociales.

Por su parte, el titular de Salud en Baja California, José Adrián Medina Amarillas, señaló que se mantiene un trabajo constante de supervisión sobre los centros de rehabilitación para verificar que operen conforme a la normatividad vigente y respeten los derechos humanos de las personas internadas.

Indicó que actualmente existen alrededor de 350 centros de rehabilitación en la entidad y reconoció que algunos presentan irregularidades operativas.

Añadió que, tras un incidente previo relacionado con “Patrulla Espiritual” en Tijuana, autoridades sanitarias intervinieron y condicionaron la reapertura de instalaciones al cumplimiento de la norma oficial correspondiente.

Finalmente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reiteró el compromiso de su administración con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

“Nosotros siempre vamos a trabajar por el respeto a los derechos humanos y reconocer el trabajo que hacen todos los organismos de la sociedad civil”, expresó.