Trabajadores del Poder Judicial Federal en Mexicali se manifestaron este martes en respaldo a Blanca Thalia Fernández Gamboa, secretaria de tribunal adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quien denunció ser víctima de presunto hostigamiento sexual y laboral por parte de un magistrado federal con varios años de servicio.

Durante la protesta, la afectada decidió hacer pública su denuncia y relató que durante el tiempo que vivió esta situación recibió amenazas e intimidaciones por parte del señalado.

“A mí me decía que porque a él lo respaldaban, que su papá fue magistrado federal y que él tenía todos los conectes, que los militares lo querían mucho, que me tenían intervenido el teléfono y que nunca me iban a hacer nada. Es por eso que hoy alzo la voz”, expresó Fernández Gamboa.

En respaldo a la denunciante, Rosa Elena Alonso Méndez, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y del Sindicato de Renovación de los Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de la Federación, exigió la intervención inmediata del Órgano de Administración Judicial y la aplicación de medidas cautelares que, aseguró, debieron emitirse desde el inicio del proceso.

“El motivo de esta intervención de nosotros como representantes de los trabajadores es hablar por Thalía, quien atraviesa una situación de acoso laboral dentro de su órgano jurisdiccional. Ella acudió ante el órgano de administración para denunciar los hechos y hasta este momento no se le han otorgado las medidas cautelares que corresponden”, señaló.

La representante sindical explicó que la denunciante actualmente se encuentra incapacitada y enfrenta afectaciones económicas debido a que ya no recibe el sueldo completo a través del ISSSTE, situación que agrava aún más su condición.

“Ahorita ella está incapacitada, ya no está recibiendo sueldo porque llega un momento en que el ISSSTE ya no cubre el salario completo. Es una situación bastante difícil y por eso estamos exigiendo que el órgano de administración actúe”, puntualizó.

Alonso Méndez indicó que, pese a nuevas solicitudes presentadas por la víctima, la respuesta institucional ha sido insuficiente y sin una fecha concreta para resolver el caso.

Mientras tanto, afirmó que el magistrado señalado continúa laborando con normalidad, sin que hasta el momento se haya ordenado una separación temporal del cargo, una medida que anteriormente el Consejo de la Judicatura Federal aplicaba para facilitar las investigaciones internas.

Asimismo, advirtió que podrían existir más casos similares dentro del Poder Judicial Federal, pero que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias y por la relación de subordinación laboral que existe entre funcionarios y personal administrativo.

“Parece ser que hay otros casos, pero las personas no se atreven a hablar por miedo a represalias. Existe una relación asimétrica entre quien ostenta el poder y quienes dependen laboralmente de ellos”, concluyó.