La rehabilitación integral de la carretera a Santa Isabel, proyecto que obtuvo la mayor cantidad de votos dentro del Presupuesto Participativo 2026, no podrá ejecutarse por el momento debido a un impedimento legal relacionado con la propiedad del tramo comprendido entre la calle Yugoslavia y la calzada Manuel Gómez Morín, el cual pertenece a un particular.

La situación, que no fue detectada por la autoridad municipal durante las etapas previas del proceso, impide legalmente la inversión de recursos públicos en ese espacio, pese a la relevancia de la obra para miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona. 

Ante este escenario, la presidenta del Congreso del Estado, Michel Sánchez Allende, propuso una ruta de colaboración institucional entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali para lograr la rehabilitación de esta vialidad, considerada estratégica para la conectividad y seguridad de la ciudad.

A través de un punto de acuerdo respaldado por todas las diputaciones, la legisladora exhortó a trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica para encontrar una solución jurídica y financiera que permita liberar el tramo.

“Anteriormente esa zona era el ejido Orizaba y un ejidatario ganó los derechos de vía; de hecho, el TEJA (Tribunal Estatal de Justicia Administrativa) es quien le da el fallo. ¿Qué estamos pidiendo desde el Congreso? Un exhorto que respaldaron todas las diputaciones para pedirle tanto al gobierno municipal como al estatal que colaboren para expropiar, es decir, indemnizar al privado y que se pueda ejercer recurso en esta zona”, explicó.

Sánchez Allende señaló que, aunque el propietario ha manifestado no tener inconveniente en que se realicen trabajos de rehabilitación, la autoridad no puede intervenir sin regularizar jurídicamente la propiedad, ya que hacerlo implicaría una posible ilegalidad administrativa.

“El privado nos ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que inviertan, pero eso es delicado y pudiera caer en alguna ilegalidad por parte de las autoridades. Lo que necesitamos es que el gobierno del estado y el municipio nos ayuden a indemnizar al privado para rehabilitar esa zona”, subrayó.

La legisladora recordó que este tramo es conocido como “la curva de la muerte” debido a los múltiples accidentes registrados históricamente, aunque reconoció que recientes intervenciones de SIDURT y de Obras y Servicios Públicos han contribuido a reducir los percances.

No obstante, advirtió que la importancia de rehabilitar completamente la vialidad se incrementará con la futura conexión hacia la Ciudad Universitaria Rosario Castellanos, proyecto educativo gratuito que busca ampliar el acceso a la educación superior y reducir la deserción escolar.

“Esa zona va a terminar conectando a la Ciudad Universitaria Rosario Castellanos, entonces es importante que funcione porque van a pasar más camiones, y los concesionarios también ponen como condición que las carreteras estén en buenas condiciones”, indicó.

Añadió que garantizar una movilidad segura y eficiente será clave para que estudiantes puedan acceder sin dificultades al nuevo campus universitario.