Los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de Mexicali, Manuel Rude García, Sandra Cota y Gustavo Magallanes, acudieron este día al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA) para interponer formalmente un recurso de queja contra la multa impuesta a integrantes del Ayuntamiento derivada del juicio de expropiación de un predio ubicado en Calzada CETYS y Calle Novena, litigio que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Los ediles panistas señalaron que la sanción es consecuencia de una estrategia jurídica equivocada por parte del gobierno municipal y acusaron omisiones graves por parte de la Sindicatura, particularmente en el manejo de información y cumplimiento de requerimientos judiciales.

Rudecindo García explicó que el recurso presentado busca plantear una ruta distinta a la seguida hasta ahora por el Ayuntamiento, al considerar que la estrategia implementada ha sido errónea y ha agravado el conflicto legal.

“Estamos hoy aquí la fracción de Acción Nacional interponiendo un recurso de queja en base a la notificación que se nos hace de un juicio en donde está involucrado el Ayuntamiento de Mexicali, un caso que ustedes ya conocen y que tiene más de 20 años. Desde el año pasado se nos ha venido involucrando y creemos que la ruta jurídica que ha tomado el Ayuntamiento es incorrecta”, expresó.

El regidor sostuvo además que existe un grado de irresponsabilidad por parte del síndico municipal, a quien acusó de dilatar deliberadamente la atención del asunto.

“Ha pateado el bote, como coloquialmente se dice, buscando no sabemos qué interés, pero hoy todo aquello que decía que no iba a suceder está ocurriendo. Más allá de eso, Acción Nacional asumirá su responsabilidad cuando llegue la notificación formal de la multa por parte de Recaudación de Rentas del Estado y atenderemos conforme a derecho”, puntualizó.

Por su parte, el regidor Gustavo Magallanes recordó que desde el pasado 15 de octubre han solicitado información relacionada con el expediente, sin obtener respuesta satisfactoria por parte de la Sindicatura.

“Más allá de la queja y de la solicitud de información, lo que preocupa es la omisión y la terquedad, yo diría sospechosa, del síndico para no entregar la documentación. Incluso cuando se le pidió un avalúo, no se le exigió uno comercial; pudo haber entregado un avalúo referenciado y no lo hizo. Ese es uno de los puntos clave del problema”, sostuvo.

Los regidores coincidieron en que la sentencia judicial debe cumplirse; sin embargo, advirtieron que las contradicciones, omisiones y la falta de coordinación entre áreas ejecutivas del Ayuntamiento derivaron en afectaciones patrimoniales directas para integrantes del Cabildo.

Finalmente, adelantaron que exigirán el deslinde de responsabilidades y la entrega inmediata de la información pendiente para atender de fondo un litigio que, aseguraron, no puede seguir heredando costos políticos y económicos a la administración municipal.