Las denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de los juzgados civiles de Tijuana continúan creciendo y ahora no solo involucran a jueces y funcionarios judiciales, sino también a abogados litigantes que, según denunciantes, habrían sido favorecidos mediante una red de privilegios, convivios privados y trato preferencial dentro del Poder Judicial de Baja California.

Litigantes y ciudadanos afectados aseguran que la corrupción en los juzgados civiles de Tijuana ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una práctica presuntamente normalizada. Señalan además que existiría una estructura de complicidades donde quienes cuentan con relaciones cercanas o recursos económicos obtienen resoluciones favorables y un supuesto “trato VIP” dentro de los procesos judiciales.

Entre los nombres señalados en las denuncias aparece la licenciada Marisela Lluasas Félix, quien, de acuerdo con las acusaciones, presuntamente mantiene una relación privilegiada con diversos jueces civiles. Según versiones de denunciantes y litigantes, la abogada organizaría y financiaría convivios, posadas y reuniones privadas para jueces y personal de distintos juzgados civiles.

Los denunciantes aseguran que en estos encuentros presuntamente se entregan regalos y dinero, generando un ambiente de favoritismo y acceso preferencial dentro de los tribunales. También sostienen que muchas de las resoluciones promovidas por la litigante terminan favoreciéndola, mientras otros abogados enfrentan retrasos y obstáculos en sus procesos.

Asimismo, las acusaciones señalan la existencia de presuntas irregularidades en procedimientos de prescripción positiva, mediante los cuales supuestamente se habrían apropiado de terrenos y propiedades, afectando a propietarios y familias enteras.

Los señalamientos también alcanzan nuevamente a jueces civiles previamente denunciados, entre ellos Manuel Castro y Pedro Galaz. Sobre este último, denunciantes aseguran que presuntamente tendría vínculos con lo que algunos litigantes han denominado un “cártel inmobiliario”, además de favorecer resoluciones para abogados relacionados con el llamado Grupo Concordia.

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De igual forma, se menciona al abogado Carlos Atilano, a quien algunos denunciantes señalan de recibir trato preferencial dentro de ciertos juzgados civiles. También acusan a empresas inmobiliarias de utilizar demandas presuntamente amañadas para apropiarse de grandes extensiones de tierra, principalmente en ejidos.

Otro de los nombres mencionados en las denuncias es el del licenciado Tomás Ponce de León, quien, según los señalamientos, presuntamente opera una escuela dirigida a jueces civiles y familiares, situación que le habría permitido mantener cercanía con integrantes del Poder Judicial.

De acuerdo con las acusaciones, Ponce de León presuntamente contaría con privilegios en distintos juzgados para obtener resoluciones favorables y sería uno de los principales proveedores de recursos económicos para funcionarios relacionados con los juzgados señalados.

Además, denunciantes afirman que el litigante posee un patrimonio económico considerado de “dudosa procedencia”, por lo que exigen que autoridades fiscales y órganos anticorrupción investiguen el origen de sus recursos y posibles vínculos con actos irregulares dentro del sistema judicial.

Los inconformes también exigen la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, a quien responsabilizan de presuntamente permitir y no atender las irregularidades denunciadas dentro del Poder Judicial de Baja California.

Finalmente, litigantes y ciudadanos afectados pidieron la intervención de autoridades anticorrupción, fiscalías y organismos federales para esclarecer las denuncias y determinar si existe una red de corrupción operando dentro de los juzgados civiles de Tijuana.

Con información de Blanco y Negro