La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una revisión sobre la operación de centros de rehabilitación relacionados con el caso conocido como “Patrulla Espiritual”, ante posibles implicaciones por privación ilegal de la libertad de personas internadas contra su voluntad.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, señaló que la investigación contempla verificar permisos de funcionamiento, certificaciones médicas y los procedimientos aplicados dentro de estos establecimientos, entre ellos la clínica de rehabilitación Jireh.

Andrade explicó que, en términos generales, obligar a una persona a permanecer o ser trasladada sin su consentimiento podría configurar el delito de privación ilegal de la libertad, aunque aclaró que cada situación deberá analizarse de manera particular debido al contexto de atención por salud mental o adicciones en el que operan este tipo de centros.

Indicó que la Fiscalía solicitó información a instancias como la Secretaría de Salud y la Coepris para conocer bajo qué condiciones funcionan estos espacios y cuáles son sus obligaciones legales.

La fiscal confirmó además que personal ministerial acudió recientemente a una inspección realizada en uno de los inmuebles, luego de que existiera una carpeta de investigación por desaparición de una persona reportada meses atrás por sus familiares (caso Karim Emanuel). Durante la diligencia se corroboró que el hombre se encontraba internado en el lugar, quien posteriormente saldría del centro ya mencionado, por un amparo. 

Las autoridades estatales aseguran que mantienen abierta la revisión sobre la actuación y regulación de más centros de rehabilitación en Baja California y no solo la clínica Jireh.