El especialista de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando Jiménez Godos, advirtió sobre el uso indebido de denuncias por violencia política de género para intentar frenar investigaciones periodísticas y críticas contra funcionarios públicos.

El académico señaló que en México existe un incremento de casos en los que esta figura legal es utilizada como mecanismo de presión contra periodistas y medios de comunicación.

De acuerdo con Jiménez Godos, una crítica al desempeño de un servidor público, incluso si es severa, no constituye violencia política de género mientras no exista una intención de discriminar o excluir a una persona por su condición de género.

“El servidor público está sujeto a un mayor escrutinio público”, explicó el especialista, al señalar que investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos, corrupción o desempeño gubernamental forman parte del ejercicio periodístico y del derecho ciudadano a la información.

Indicó que organizaciones como Artículo 19 documentaron entre 2024 y 2025 al menos 25 casos en los que denuncias electorales fueron utilizadas presuntamente para inhibir publicaciones periodísticas o generar desgaste legal y económico contra comunicadores.

Jiménez Godos subrayó que la violencia política de género implica acciones encaminadas a limitar derechos político-electorales con base en estereotipos o discriminación de género, como expresiones sexistas o ataques relacionados con la apariencia física o roles tradicionales de las mujeres.

Añadió que el debate político, las diferencias partidistas y las críticas sustentadas en hechos documentados no deben ser considerados automáticamente como violencia política.