El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval López, advirtió que la situación financiera del ISSSTECALI representa una "bomba de tiempo" que podría estallar durante la próxima administración estatal si no se implementan reformas estructurales que atiendan el creciente déficit del organismo.

Durante un posicionamiento conjunto del CCE y del Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC), Sandoval señaló que, aunque recientemente el director de ISSSTECALI utilizó el término "quiebra" para describir la situación del instituto, esa figura no aplica para las entidades públicas.

"Las instituciones públicas no quiebran. Se transforman, se reforman o se refundan, pero no pueden desaparecer porque alguien tiene que seguir pagando las pensiones y prestando los servicios de salud", afirmó.

Explicó que OBSERBC, junto con organismos empresariales como COPARMEX, ha dado seguimiento durante una década a las finanzas de ISSSTECALI, identificando una problemática que, aseguró, ha sido atendida únicamente mediante medidas temporales.

De acuerdo con los datos presentados, el déficit financiero del instituto asciende actualmente a cerca de 9 mil millones de pesos y crece aproximadamente mil 200 millones de pesos cada año. De mantenerse esta tendencia, el pasivo podría superar los 14 mil millones de pesos para 2029.

Sandoval destacó que desde 2022 el déficit dejó de ser cubierto directamente por el Gobierno del Estado y ahora es absorbido por los ayuntamientos, organismos paraestatales y los poderes Legislativo y Judicial. Como ejemplo, indicó que el Ayuntamiento de Mexicali ha destinado cerca de 2 mil millones de pesos para cubrir obligaciones relacionadas con ISSSTECALI, recursos que pudieron haberse invertido en infraestructura y servicios públicos.

Asimismo, señaló que el modelo actual genera alrededor de 900 millones de pesos anuales en intereses derivados de financiamientos utilizados para cubrir obligaciones existentes, situación que calificó como financieramente insostenible.

Ante este panorama, el sector empresarial propuso una reforma integral que garantice una jubilación digna para los trabajadores sin afectar sus derechos adquiridos, así como una mejora en los servicios de salud. Entre las medidas planteadas destacan la separación de los sistemas de salud y pensiones, el establecimiento de esquemas de jubilación basados en semanas cotizadas y en el promedio salarial de los últimos cinco años, además del combate a privilegios y a las llamadas "pensiones doradas".

También propusieron tipificar como delito grave el incumplimiento en el pago de cuotas al instituto, crear un fondo de estabilización financiera, congelar nuevas plazas gubernamentales y fortalecer los mecanismos de auditoría externa para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.

Finalmente, Sandoval López consideró indispensable que las auditorías prometidas al organismo sean públicas y reiteró que la solución requiere decisiones de fondo. Advirtió que continuar postergando el problema únicamente trasladará la crisis a las próximas administraciones.