Aunque la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California ya contempla la figura de los fraccionamientos de acceso controlado, aún falta la reglamentación municipal que establezca con claridad qué prácticas están permitidas y cuáles no, señaló el diputado local Juan Manuel Molina García.

El legislador explicó que la reforma a la ley autorizó este tipo de desarrollos habitacionales bajo ciertas condiciones, entre ellas la existencia de comités o asociaciones de vecinos debidamente constituidos, con estatutos y reglamentos aprobados por los propios residentes, además de mecanismos de coordinación con las autoridades de seguridad pública.

Molina García destacó que los residentes pueden organizarse para implementar medidas que fortalezcan la seguridad, como controles de acceso, registros de visitantes, tarjetas o chips para los habitantes y la contratación de empresas de seguridad privada. Sin embargo, aclaró que estas acciones no deben interpretarse como una privatización de las calles o espacios comunes.

“No existen fraccionamientos privados; son fraccionamientos de acceso controlado. Las calles, banquetas y parques siguen siendo espacios públicos”, puntualizó.

El diputado advirtió que, ante la ausencia de una reglamentación específica, algunos desarrollos han establecido reglas propias que en ocasiones rebasan los límites legales, generando conflictos entre vecinos y restricciones que no están sustentadas en ninguna norma.

Indicó que la legislación establece que debe existir una asociación de vecinos inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, con reglamentos y estatutos válidos aprobados por mayoría de los residentes, evitando que las decisiones dependan únicamente de quien ocupe la presidencia de la asociación.

“Lo que no se debe permitir es que una sola persona haga lo que quiera. Las decisiones deben estar respaldadas por la asamblea de vecinos y sujetas a reglas claras”, expresó.

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Asimismo, señaló que la regulación municipal también deberá contemplar aspectos relacionados con la infraestructura de acceso, ya que en algunos casos las casetas, plumas o controles de ingreso dificultan el paso de vehículos de emergencia, como camiones de bomberos o unidades de gran tamaño.

Molina García recordó que el Congreso del Estado ya realizó las reformas correspondientes a la Ley de Desarrollo Urbano y emitió exhortos para que los ayuntamientos elaboren la reglamentación necesaria. Por ello, confió en que durante una próxima reunión de trabajo programada para esta semana se avance en la definición de estas normas.

Finalmente, subrayó que el objetivo no es generar nuevos cobros o afectar a los fraccionamientos que ya cuentan con casetas de acceso, sino regular su funcionamiento para garantizar la seguridad de los residentes sin vulnerar derechos ni permitir excesos por parte de administraciones o asociaciones vecinales.