La situación del VIH en México volvió a colocarse en el centro de la discusión sanitaria en 2025 tras confirmarse un incremento notable en los diagnósticos. De acuerdo con cifras oficiales preliminares, el país identificó cerca de 15 500 nuevos casos en lo que va del año, un aumento que especialistas consideran preocupante y que obliga a reforzar las políticas de prevención y detección.

En total, se estima que unas 370 000 personas viven actualmente con VIH en territorio nacional. La distribución de casos mantiene una tendencia que se ha observado en los últimos años: alrededor del 80 % corresponde a hombres, un 19 % a mujeres y el 1 % restante a menores de edad. Este perfil demográfico, señalaron expertos, refleja dinámicas específicas de riesgo y barreras persistentes en el acceso a la información y a los servicios de salud.

El repunte no es menor. Solo entre enero y septiembre se registraron más de 12 000 nuevos diagnósticos, cifra que ya supera lo reportado en años completos recientes. Para especialistas en salud pública, este aumento evidencia que la epidemia, lejos de estar controlada, exige una respuesta más amplia y sostenida por parte de las instituciones.

Entre los desafíos más señalados se encuentran la detección tardía —que continúa siendo un obstáculo para iniciar tratamientos oportunos—, la falta de campañas continuas de prevención y el estigma que todavía rodea al VIH, especialmente en comunidades jóvenes y poblaciones con menor acceso a servicios sanitarios.

Las y los especialistas consultados insisten en la necesidad de reforzar la educación sexual integral, ampliar el acceso a pruebas diagnósticas gratuitas y garantizar una distribución eficaz de tratamientos antirretrovirales, piezas clave para reducir la transmisión y mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus.

A falta de datos consolidados de cierre de año, la tendencia apunta a que 2025 podría cerrar como uno de los periodos con mayor número de diagnósticos recientes en la última década, un recordatorio de que el VIH sigue siendo una prioridad sanitaria que requiere atención continua y políticas públicas sostenidas.