El 1 de julio entraron en vigor dos leyes antimigrantes en Estados Unidos: la normativa SB 1718, proclamada en Florida por el gobernador Ron DeSantis, y la ley HB 2350, promovida por el gobierno del estado de Kansas. Ambos proyectos legislativos podrían poner en riesgo a la comunidad migrante que habita dichos territorios.

La ley de Florida podría generar sentencias de hasta cinco años de prisión a quienes transporten a personas migrantes en el estado. Además, la legislación estipuló que las empresas tendrán que verificar el estatus migratorio de las y los trabajadores y permite a las autoridades sancionar a quienes empleen “extranjeros no autorizados”.

 Por su parte, la ley de Kansas busca castigar a quienes transporten, alberguen u oculten a personas que permanecen ilegalmente en la entidad bajo el delito de tráfico de personas.

¿Cómo afectarán las leyes a las personas migrantes?

La ley aprobada por DeSantis ha encendido las alarmas de las personas trabajadoras migrantes en Florida, ya que con la legislación podrían volverse más vulnerables y ser víctimas de explotación. Por su parte, las medidas aprobadas en Kansas afectarán a las familias que tienen miembros con diferentes estatutos legales, como indocumentados, semiilegales, residentes o ciudadanos estadounidenses.

El Gobierno de México rechazó ambas leyes antimigratorias, pues consideró que pueden derivar en actos de discriminación, perfilamiento racial y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana. Por este motivo, la cancillería de nuestro país informó que reforzará las acciones de protección y asesoría jurídica para defender los derechos de las y los mexicanos en Florida y Kansas.