Estados Unidos tomó la decisión de suministrar bombas de racimo a Ucrania, un tipo de munición utilizado por primera vez en la Segunda Guerra Mundial y actualmente prohibido en más de 100 países. Esta acción generó una gran controversia en la comunidad internacional, y China se sumó a los críticos más recientes de la medida adoptada por el gobierno de Joe Biden.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, expresó su preocupación por la decisión estadounidense, calificándola de suministro irresponsable que podría provocar problemas humanitarios. China se une a otros países que se oponen a esta medida y enfatiza la necesidad de buscar soluciones a través del diálogo para evitar el aumento de las tensiones y la intensificación de la crisis ucraniana.

Rusia también ha condenado la decisión de Estados Unidos, tildándola de "debilidad" y "desesperación" ante el supuesto fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, acusó a Estados Unidos de convertirse en "cómplice" de las muertes de civiles y calificó el suministro de bombas de racimo como un intento cínico de prolongar la agonía de las autoridades ucranianas actuales.

Incluso desde Camboya se ha advertido sobre las consecuencias fatales del uso de bombas de racimo y su impacto en la población civil. El primer ministro camboyano, Hun Sen, señaló que representarían un enorme riesgo para los ucranianos durante décadas o incluso siglos, especialmente en las áreas ocupadas por Rusia en el territorio de Ucrania.

Cabe destacar que las bombas de racimo están prohibidas en numerosos países europeos que son signatarios de la Convención de Oslo de 2008, aunque ni Estados Unidos, Ucrania ni Rusia forman parte de dicha convención. China, India, Brasil y Argentina, entre otros estados, también están fuera de esta prohibición. El uso de estas municiones es altamente controvertido debido a las numerosas bajas civiles colaterales que provocan.

La Convención sobre municiones de racimo exige que los Estados la ratifiquen y se comprometan a aplicarla, incluyendo tanto a los gobiernos como a las fuerzas armadas y los grupos armados que posean y almacenen este tipo de munición.