Intensifica México demanda contra venta ilegal de armas en Tucson
INTERNACIONAL
19-01-2024

Foto: Web
Publicado: 19-01-2024 16:40:07 PDT
La Corte de Distrito para Arizona ha fijado el 22 de febrero de 2024 como la fecha de audiencia para la presentación de alegatos orales
La Corte de Distrito para Arizona ha fijado el 22 de febrero de 2024 como la fecha de audiencia para la presentación de alegatos orales, con respecto a la demanda impuesta sobre la venta de armas de fuego en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la jueza Cindy Jorgenson, originalmente asignada al caso, se excusó de conocer el asunto, cancelando la audiencia programada para el 28 de agosto de 2023.
La responsabilidad fue posteriormente asumida por la jueza Rosemary Márquez, designada en 2014 por el expresidente Barack Obama.
De acuerdo con la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte ha solicitado a las partes involucradas información que deberán proporcionar antes de la audiencia. Esto incluye una propuesta de calendario procesal y detalles sobre la exhibición y revelación del material probatorio (discovery).
La SRE destacó que este requerimiento refleja el profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del caso, subrayando la seriedad y transcendencia del asunto.
La demanda, presentada en agosto de 2022, está dirigida contra las empresas Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague's Sports, INC. (Yuma). Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran armas de alto poder a organizaciones criminales en México de manera habitual.
Esta acción legal representa la segunda demanda de México contra actores de la cadena de comercio de armas en Estados Unidos. La primera, presentada en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, se encuentra actualmente en etapa de apelación.
La Cancillería mexicana señaló que, mientras la demanda en Boston cuestiona la responsabilidad más amplia de las empresas en la fabricación y distribución de armas que facilitan su tráfico ilícito a México, esta segunda demanda aborda específicamente la negligencia de los puntos directos de venta de armas.

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