La jefa de la campaña Biden-Harris, Julie Chávez Rodríguez, ha emitido una alerta sobre los planes del expresidente Donald Trump de establecer unilateralmente la prohibición del aborto a nivel nacional, en caso de regresar a la Casa Blanca. Según Chávez, estos planes podrían llevarse a cabo con o sin la aprobación del Congreso, lo que aumentaría las preocupaciones sobre la atención médica de las mujeres en Estados Unidos.

En nuevos informes presentados, se describe un supuesto plan del equipo de Trump para eludir la acción del Congreso y llevar a cabo ataques más devastadores al acceso a la atención médica de las mujeres. Chávez calificó estos planes como "aterradores" y acusó al exmandatario de haber expresado previamente que las mujeres que abortan deberían ser castigadas. Además, lo censuró por su papel en la anulación del fallo 'Roe v. Wade', que protegía el acceso al aborto a nivel nacional.

En el contexto de estos acontecimientos, cabe recordar que en 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo que garantizaba constitucionalmente el derecho al aborto en el país (Roe contra Wade). La directora de la campaña de Biden mencionó un comentario reciente del presidente, en el cual afirmó que Trump "no tiene ni idea del poder de las mujeres estadounidenses", sugiriendo que esto se reflejará en las elecciones presidenciales de noviembre.

En respuesta a esta advertencia, Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva de Libertad Reproductiva para Todos, expresó su preocupación por la confianza de los asesores de Trump en causar un daño incalculable en un posible segundo mandato. Timmaraju destacó que el 80% de los estadounidenses que apoyan el aborto legal no permitirán que se les dé otra oportunidad.

Adicionalmente, Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund, señaló que Trump ya ha causado un daño sin precedentes al derecho al aborto y a millones de personas. Advierte que, de darse la oportunidad, Trump intentará eludir al Congreso para prohibir el aborto en toda la nación, calificándolo como "un desastre para la democracia y un desastre para la atención de la salud sexual y reproductiva".