Grupos civiles en Arizona luchan contra una nueva iniciativa legislativa que podría tener un impacto significativo en la comunidad migrante, incluidos los beneficiarios del programa DACA. La HCR-2060, que se espera sea aprobada por el Senado estatal con mayoría republicana, daría a los votantes la oportunidad de respaldar medidas migratorias que permitirían a las autoridades locales detener a migrantes indocumentados y penalizar el uso de documentos falsos para evadir el programa federal E-verify.

Lydia Guzmán, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Arizona, expresó su preocupación, destacando que esta medida es vista como otro ataque a la comunidad latina por parte de los republicanos.

La HCR-2060 incluye disposiciones que convertirían en delito menor la presentación de documentos falsos y eliminarían protecciones migratorias para los beneficiarios de DACA en caso de que el programa sea eliminado en el futuro.

La senadora estatal demócrata Priya Sundareshan condenó la propuesta, especialmente por su impacto en los jóvenes beneficiarios de DACA. La medida ha generado controversia en Arizona, recordando el impacto económico negativo que tuvo la ley SB-1070 en la década pasada.

Las cámaras de comercio en el estado han criticado la propuesta, recordando los efectos adversos de la SB-1070 en la economía estatal. Sin embargo, los republicanos defienden la iniciativa, argumentando que los votantes tienen derecho a decidir sobre la seguridad fronteriza.

La historia de Arizona refleja una tendencia hacia leyes antiinmigrantes, como la SB-1070 y la Ley Estatal 300, que niega a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar matrículas como residentes del estado. Esta nueva propuesta ha generado preocupación entre los grupos proinmigrantes, quienes están preparados para llevar la lucha a los tribunales, similar a lo ocurrido con la SB-1070.

El presidente del Senado de Arizona, Warren Paterson, ha respaldado la HCR-2060, argumentando que la falta de acción del gobierno federal en materia de seguridad fronteriza justifica la decisión de permitir que los votantes decidan sobre estas medidas.