Entre 1970 y 1991, las autoridades británicas encubrieron un escándalo de transfusiones de sangre contaminada que resultó en la infección de más de 30,000 personas con VIH y hepatitis, de las cuales alrededor de 3,000 han fallecido. Así lo revela una investigación que ha durado cinco años y cuyas primeras conclusiones se publicaron este lunes.

La Investigación de Sangre Infectada, liderada por sir Brian Langstaff, concluye que tanto el personal médico como el Gobierno británico sabían de los riesgos desde el inicio del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948. A pesar de esta conciencia, las autoridades fallaron repetidamente a las víctimas, exponiéndolas a "riesgos inaceptables". 

Uno de los factores críticos fue la importación recurrente de productos sanguíneos del extranjero, incluyendo donaciones de alto riesgo de presos y drogadictos estadounidenses y británicos, a quienes se les pagaba por sus transfusiones. Esta práctica, según Langstaff, no fue un accidente, sino resultado de la falta de prioridad en la seguridad de los pacientes por parte de médicos, centros de transfusión y gobiernos sucesivos.

Los más afectados fueron dos grupos principales: personas con hemofilia y otros trastornos de coagulación, que recibieron sangre contaminada principalmente con hepatitis C, y aquellos que necesitaron transfusiones tras partos, accidentes y durante tratamientos médicos.

La investigación ya había adelantado sus hallazgos en informes provisionales publicados en julio de 2022 y abril de 2023, recomendando al Gobierno británico compensar a los afectados. En respuesta, el Gobierno comenzó a pagar hasta 100,000 libras a unos 4,000 supervivientes y sus familiares, aunque se espera que las compensaciones totales asciendan a miles de millones de euros.