La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó este miércoles que la ejecución por fusilamiento es constitucional, sumándola a las opciones ya permitidas de inyección letal y silla eléctrica para los condenados a muerte. Este fallo se produce en el contexto de una búsqueda de alternativas debido a la escasez de fármacos necesarios para la inyección letal, causada por la negativa de las empresas farmacéuticas a proporcionar estos medicamentos para ejecuciones.

La reciente decisión judicial permite la implementación de una ley aprobada en mayo de 2021, que tenía como objetivo proporcionar a los presos condenados a muerte en Carolina del Sur la posibilidad de elegir entre la silla eléctrica, la inyección letal o el fusilamiento como método de ejecución. Esta ley surgió como respuesta a las dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales.

El gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, elogió la decisión de la corte, afirmando que "ha confirmado legítimamente" la legislación estatal. McMaster destacó que este fallo es un paso hacia asegurar que las sentencias legales se ejecuten adecuadamente y que las familias de las víctimas obtengan el cierre y la justicia esperada durante mucho tiempo.

El caso llegó a la Corte Suprema estatal después de que cuatro condenados a muerte presentaran una demanda impugnando el uso del fusilamiento y la silla eléctrica, argumentando que estos métodos violaban la prohibición de castigos crueles e inusuales. Sin embargo, el juez John Few, en la opinión mayoritaria, sostuvo que ofrecer a los condenados la opción entre estos métodos no puede considerarse cruel, ya que permite al preso y a sus abogados elegir el que consideren menos doloroso.

En un documento de casi 100 páginas, el juez Few señaló que las modificaciones a las leyes estatales representan un "esfuerzo sincero de la Asamblea General para hacer que la pena de muerte sea menos inhumana", mientras se asegura que el estado cumpla con sus obligaciones legales.

No obstante, la decisión ha sido criticada por defensores de los derechos civiles. Jace Woodrum, director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Carolina del Sur, condenó el dictamen, afirmando que "la ejecución es una forma costosa e ineficaz de castigo cruel e inusual que no solo no nos hace más seguros, sino que plantea la posibilidad de que el estado mate a personas inocentes en nuestro nombre".