En Argentina, un grupo de diputados del partido conservador Propuesta Republicana (Pro) presentó este lunes dos proyectos de ley con el objetivo de retirar al expresidente Alberto Fernández la custodia y los beneficios de su jubilación, luego de que su expareja, Fabiola Yáñez, lo denunciara por presunta violencia de género.

Uno de los proyectos, presentado por el diputado Damián Arabia, propone la eliminación de todos los "beneficios otorgados en reconocimiento a los cargos y/o funciones" para aquellos que, durante o después de su mandato presidencial o vicepresidencial, sean procesados judicialmente por delitos. Arabia argumenta que la pensión vitalicia es un privilegio y no una jubilación, y solicita su eliminación en caso de condena penal, así como su suspensión provisoria en caso de procesamiento.

Presenté un proyecto de Ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente. Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio. pic.twitter.com/JWOXQhJPpH

— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 12, 2024

El otro proyecto, impulsado por la diputada Silvana Giudici y respaldado por una docena de legisladores del Pro, también propone la eliminación de la pensión vitalicia especial para presidentes condenados por delitos cometidos mientras estaban en funciones. Además, plantea la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la eliminación de la custodia en caso de condena.

Estos proyectos surgieron en respuesta a la denuncia realizada por Fabiola Yáñez el 6 de agosto, tras descubrirse en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían posibles delitos de violencia de género. La denuncia llevó a que el juez federal Julián Ercolini impusiera restricciones a Fernández, prohibiéndole salir del país y contactar a Yáñez.

Además, incluyen la modificación de la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema, estableciendo que se perderán los beneficios cuando exista una condena firme en segunda instancia por corrupción, incumplimiento de deberes o delitos contra la integridad sexual. Además, se abre el debate sobre la posible inconstitucionalidad de aplicar la ley de forma retroactiva.

El presidente Javier Milei apoyó los proyectos, subrayando que las jubilaciones no deberían existir y citando su propia renuncia a la misma. Los proyectos serán revisados por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión Social y Legislación Penal, y se espera que generen un debate significativo en el ámbito legislativo.