Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, Bolivia, denunció este miércoles que fue destituida de su cargo por el Ministerio Público tras recibir órdenes de detener una investigación y frenar la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), en un caso relacionado con la trata y tráfico de personas. La presunta víctima sería una joven de 15 años.

En declaraciones a la prensa, Gutiérrez explicó que el fiscal general, Juan Lanchipa, emitió una instrucción para que ella abandonara el caso y disolviera la comisión encargada de la investigación. Según Gutiérrez, la justificación fue que el caso sería gestionado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juventud.

Además, Lanchipa habría ordenado que cualquier disposición que contraviniera esta decisión debía ser anulada. Gutiérrez reveló que fue amenazada con procesos penales y disciplinarios si no acataba la orden, lo que llevó a la disolución de la comisión investigadora.

La exfiscal también informó que dos de los tres fiscales de la comisión recibieron “memorandos de agradecimiento” por su trabajo, mientras ella fue removida tras negarse a renunciar. Gutiérrez acusó a la nueva encargada del caso de detener por completo las investigaciones en curso.

Según Gutiérrez, la comisión había emitido órdenes de aprehensión contra Morales y otras personas implicadas en el caso, pero estas fueron anuladas. Denunció que la orden de captura contra Morales fue revocada una hora antes de su ejecución debido a una “acción de libertad” presentada en Santa Cruz.

El caso que involucra a Morales está relacionado con la presunta trata de personas que habría ocurrido cuando la víctima tenía 15 años. Gutiérrez evitó ofrecer más detalles debido a la naturaleza sensible del caso, al estar implicada una menor de edad.

La fiscal denunció la existencia de “órdenes específicas” por parte de Lanchipa para evitar cualquier avance en la investigación. Además, cuestionó cómo la sociedad puede confiar en el Ministerio Público si hay intromisiones de este tipo.

Finalmente, Gutiérrez afirmó que está considerando llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que el delito de trata y tráfico de personas es considerado un crimen de lesa humanidad. El caso surge en medio de una creciente disputa interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), entre las facciones que apoyan a Morales y las leales al actual presidente Luis Arce, de cara a las elecciones de 2025.