El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de orquestar un golpe de Estado luego de que este órgano decidiera abrir una investigación contra su campaña presidencial de 2022. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, las cuales incluyen el supuesto exceso en los topes de gasto y la utilización de fondos prohibidos.

A través de su cuenta en la red social X, Petro afirmó que "ha comenzado el golpe de Estado", señalando que la decisión del CNE de formular cargos contra él, su gerente de campaña Ricardo Roa y otros miembros de su equipo es un ataque directo contra su mandato y el voto popular que lo eligió. En otro mensaje, el presidente convocó a una reunión con el cuerpo diplomático para denunciar lo que considera una acción antidemocrática y solicitar apoyo internacional.

“El CNE, por mayoría, ha actuado en contra del fuero presidencial y del voto popular”, escribió Petro, pidiendo además una movilización nacional. "Las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado", agregó, instando a la fuerza pública a no actuar contra los manifestantes.

El Consejo Nacional Electoral, presidido por César Lorduy, explicó en su resolución que Petro y su equipo están siendo investigados por la supuesta vulneración de los límites de gasto electoral. Según el CNE, la campaña de Petro no reportó ciertos aportes y gastos, lo que constituiría una violación al régimen de financiación de campañas en Colombia.

Entre los fondos no declarados se encuentran donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO). Además, se señala que se habrían superado los límites de gastos en la segunda vuelta electoral por un monto de más de 1.6 mil millones de pesos (casi 390 mil dólares), los cuales supuestamente fueron utilizados en celebraciones, pagos a testigos electorales y transporte aéreo.

La investigación podría tener importantes repercusiones políticas, ya que cuestiona la legitimidad del financiamiento de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Mientras tanto, el mandatario continúa denunciando un intento de desestabilización de su gobierno, apelando a la movilización popular como respuesta a lo que él califica como un "golpe en curso".