Estados Unidos ha prohibido la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y a su exvicepresidente, Jorge Glas, debido a su presunta participación en actos de corrupción durante su mandato. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, busca sancionar a ambos exfuncionarios por su implicación en sobornos relacionados con contratos gubernamentales.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, declaró que ni Correa ni Glas "son elegibles para entrar en Estados Unidos" como resultado de su participación en "actos de corrupción significativos" mientras ocupaban sus cargos en Ecuador. La Administración del presidente Joe Biden ha señalado que los exfuncionarios habrían aceptado sobornos a cambio de otorgar contratos favorables a empresas y particulares, abusando de sus posiciones de poder.

Esta decisión se enmarca en el compromiso de EE.UU. de respaldar la lucha contra la corrupción en América Latina. Miller subrayó el apoyo del país a los ecuatorianos que trabajan por la transparencia gubernamental y exigen rendición de cuentas a quienes abusan de los recursos públicos.

Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha sido una figura prominente de la izquierda latinoamericana. Desde el final de su mandato, reside en Bélgica, país que le otorgó asilo político en 2022, lo que le ha permitido evitar cumplir una sentencia de ocho años de prisión en Ecuador por el caso "Sobornos 2012-2016". Esta condena lo inhabilita, además, para ocupar cargos públicos.

Por su parte, Jorge Glas, exvicepresidente y aliado cercano de Correa, fue arrestado en abril de 2023 en la embajada mexicana en Quito, donde se encontraba solicitando asilo. Su detención estuvo relacionada con una orden de prisión preventiva por su presunta participación en un caso de malversación de fondos públicos durante las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016. Tanto Glas como Correa han insistido en que son víctimas de una persecución política.

Correa, a pesar de su condena y residencia en el extranjero, sigue influyendo en la política ecuatoriana, particularmente a través de sus redes sociales y sus seguidores en el país. La prohibición de entrada a Estados Unidos es un golpe simbólico, pero también refuerza la imagen de ambos exfuncionarios como figuras ligadas a la corrupción durante su tiempo en el poder. Mientras tanto, sus defensores continúan argumentando que estas medidas son parte de una campaña para desacreditarlos y frenar sus movimientos políticos.