La promesa de Donald Trump de llevar a cabo "deportaciones masivas" de migrantes indocumentados se enfrenta a la complicada realidad de la cooperación entre el gobierno federal y las autoridades locales. A pesar de que Trump planea utilizar el poder federal para implementar su agresiva política migratoria, los gobiernos estatales y locales, junto con sus fuerzas policiales, jugarán un papel esencial en la viabilidad de sus acciones. La respuesta de diferentes regiones del país a esta política será crucial para determinar si estos planes se hacen realidad o si se encuentran con una resistencia significativa.

Nueva York, con una población de más de medio millón de migrantes indocumentados, es conocida por su estatus de ciudad santuario, que impide que las agencias locales compartan información sobre estos residentes con las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, este estatus no exime a los migrantes de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que puede actuar con orden judicial. Aunque el alcalde Eric Adams ha reiterado su compromiso de cumplir con las leyes locales, también ha expresado su oposición a las deportaciones masivas, sin presentar medidas concretas para contrarrestar la política de Trump. Organizaciones como la Coalición del Inmigrante ya se están preparando para enfrentar la nueva administración, prometiendo resistencia como en ocasiones anteriores.

A nivel local, grupos como Se Hace Camino y la Federación Hispana han comenzado a impartir talleres sobre los derechos de los migrantes, preparando a la comunidad para los posibles escenarios que se avecinan. La ciudad se enfrenta a un momento de incertidumbre, con diversas organizaciones en diálogo para coordinar una respuesta efectiva ante las amenazas del nuevo gobierno.

En contraste con la postura de Nueva York, Texas, bajo el liderazgo del gobernador republicano Greg Abbott, se ha alineado firmemente con las políticas de Trump. El estado, que alberga a aproximadamente 1.6 millones de migrantes indocumentados, ha implementado la "Operación Lone Star", una iniciativa que militariza la frontera y moviliza a agentes de la Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes. Además, la legislatura estatal, también dominada por el Partido Republicano, aprobó una ley que otorgaría a las autoridades locales el poder de detener y deportar a migrantes en situación irregular. Sin embargo, la ley se encuentra actualmente bloqueada debido a demandas de organizaciones como la ACLU, que luchan por su invalidación en los tribunales.

Kassandra González, abogada del Texas Civil Rights Project, señala que la retórica utilizada en el estado para describir a los migrantes como "invasores" ha creado un clima de temor, especialmente entre las familias de estatus mixto, en las que al menos un miembro no es ciudadano estadounidense. Los defensores de los derechos civiles temen que las políticas de deportación masiva conduzcan a la separación de familias y a un aumento de las prácticas de perfil racial en las zonas fronterizas y en el interior del estado.

El temor a un clima de inseguridad generalizada en Texas también ha sido expresado por Maribel Hernández, abogada de la ACLU, quien advirtió sobre las consecuencias de las políticas de Trump que, en su opinión, no se limitan por lo que dicta la ley. Durante su primer mandato, Trump fue objeto de más de 400 demandas legales por sus políticas migratorias, y los defensores de los derechos civiles ya han comenzado a prepararse para una lucha legal similar en su segundo mandato. La cuestión ahora es si las autoridades locales y los tribunales podrán frenar una operación de deportación masiva que amenaza con desmembrar a miles de familias y poner en peligro los derechos de los migrantes en todo el país.

Con la cooperación de los gobiernos locales siendo un factor determinante, las políticas de Trump podrían enfrentar serios obstáculos o acelerarse, dependiendo de la postura de cada estado. La resistencia organizada, tanto en Nueva York como en Texas y otros estados, será clave para enfrentar lo que se avecina bajo la administración del presidente electo.