El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea revertir una medida clave que limita los arrestos migratorios en escuelas, iglesias y juzgados. Fuentes cercanas al equipo de transición confirmaron a NBC News que la medida, vigente desde el gobierno de Barack Obama, será eliminada desde el primer día de su nueva administración, programada para iniciar en enero.

La eliminación de esta política permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevar a cabo operativos en lugares considerados hasta ahora como "sensibles". Esta acción responde a una de las principales promesas de campaña de Trump: intensificar las deportaciones y superar las cifras registradas durante el mandato de Joe Biden.

Tom Homan, designado por Trump como el encargado de implementar estas iniciativas, anunció que Chicago será una de las primeras ciudades en experimentar estos operativos, destacando que la nueva directiva permitirá acciones más efectivas.

En su primer mandato, Trump ya había intentado debilitar esta política. En 2018, ICE comenzó a realizar detenciones en juzgados, justificándolo como una medida que reduce riesgos, dado que estas instalaciones cuentan con inspecciones de seguridad y restringen el acceso a armas. Sin embargo, esta decisión fue ampliamente criticada por defensores de derechos humanos y legisladores, quienes consideraron que minaba la confianza de los inmigrantes en el sistema judicial.

La política de "lugares sensibles" fue introducida por Barack Obama para limitar las acciones de ICE en zonas donde las comunidades vulnerables podían sentirse más protegidas. Aunque Obama fue apodado "el jefe de las deportaciones" por las cifras récord durante su mandato, esta medida buscaba equilibrar las necesidades de seguridad con el respeto a los derechos humanos.

Organizaciones de derechos civiles ya han comenzado a expresar su preocupación. Consideran que esta medida podría aumentar el temor y la desconfianza en comunidades inmigrantes, alejándolas de servicios básicos y del acceso a la justicia. La decisión también podría generar tensiones legales y políticas, dado que los estados y ciudades santuario podrían resistirse a implementar estas directrices.