En respuesta a críticas recientes por no abrir una investigación nacional sobre abuso sexual infantil, la ministra del Interior de Reino Unido, Yvette Cooper, anunció una serie de medidas destinadas a reforzar la protección de los menores y endurecer las sanciones contra los abusadores y sus encubridores.

Durante una intervención en la Cámara de los Comunes, Cooper reveló que el Gobierno introducirá una ley que tipificará como delito el no denunciar o encubrir casos de abuso sexual infantil. Las personas que incumplan esta normativa enfrentarán sanciones “profesionales y criminales”, según detalló la funcionaria.

Entre las medidas propuestas, Cooper destacó que la captación de menores se considerará un agravante en los delitos de abuso sexual. Asimismo, se implementará una base de datos única para registrar los casos de abuso infantil, que estará respaldada por un “marco de actuación policial más fuerte”, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia en las investigaciones.

“Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños. Los perpetradores deben ser castigados y perseguidos, mientras que las víctimas y los supervivientes deben recibir protección y apoyo”, afirmó Cooper, subrayando el compromiso del Gobierno con esta causa.

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La ministra también anunció la creación de un panel consultivo formado por víctimas y supervivientes, cuyo propósito será colaborar en el diseño de nuevas políticas y medidas. Este panel trabajará más allá de las recomendaciones presentadas en 2022 por la Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil (IICSA), las cuales aún no han sido implementadas.

Según datos proporcionados por Cooper, las detenciones relacionadas con la explotación sexual infantil aumentaron un 25% entre julio y septiembre de 2024. En las próximas semanas, el Gobierno lanzará un “importante paquete de medidas” para combatir el abuso infantil en internet, incluyendo restricciones sobre la distribución de imágenes de menores generadas digitalmente.

Por su parte, el portavoz conservador de Interior, Chris Philp, instó al Gobierno a publicar datos sobre la etnicidad de los perpetradores y aseguró que “defender a las víctimas de violaciones masivas no es ser de ultraderecha”. Philp enfatizó la necesidad de mayor transparencia y acción contundente en la lucha contra estos delitos.