En un movimiento que promete generar tensión en la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica a los cárteles mexicanos, junto con el grupo criminal Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13, como organizaciones terroristas. Este decreto, anunciado desde el Despacho Oval, podría tener implicaciones significativas tanto para la política migratoria como para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México.

La orden ejecutiva incluye a estos grupos en una lista que ya alberga a organizaciones como el Estado Islámico y Al-Qaeda, prohibiendo a ciudadanos y empresas estadounidenses ofrecerles "apoyo material". “México probablemente no quiere esto”, afirmó Trump, insinuando posibles intervenciones unilaterales en el país vecino. Consultado por la prensa sobre la posibilidad de ataques directos en territorio mexicano, el mandatario respondió con ambigüedad: “Podría pasar, han pasado cosas más extrañas”.

Según el decreto, los cárteles mexicanos han establecido un dominio casi absoluto sobre el tráfico ilegal hacia Estados Unidos mediante una campaña de violencia extrema que incluye asesinatos y extorsión. En ciertas regiones de México, funcionan como gobiernos de facto, controlando diversos aspectos de la vida cotidiana. Estas actividades, subraya el documento, representan una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental.

El grupo venezolano Tren de Aragua, que se originó en una prisión y ahora opera en varios países de Sudamérica, es una de las organizaciones en el punto de mira. Durante su campaña, Trump lo mencionó repetidamente en un discurso que estigmatizaba a los migrantes venezolanos. Además, un funcionario del equipo de transición confirmó que los miembros de esta banda serán objeto de deportación inmediata.

Por otro lado, la pandilla MS-13, con fuerte presencia en Centroamérica, ha sido blanco de sanciones del Departamento del Tesoro desde 2012. Ambas organizaciones han sido calificadas como amenazas prioritarias debido a sus actividades criminales transnacionales.

Los expertos advierten que esta declaración podría complicar la situación para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, al tiempo que genera incertidumbre para las empresas con operaciones en México. Según un informe reciente de la Cámara de Comercio Estadounidense, el 45 % de los negocios con lazos en territorio mexicano han reportado casos de extorsión por parte de grupos criminales.

Además, el decreto resalta cómo el crimen organizado ha diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas, convirtiéndolo en una de sus principales fuentes de ingresos. Este fenómeno refuerza el control de los cárteles sobre las rutas migratorias y exacerba la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos.