La reciente orden ejecutiva del expresidente Donald Trump busca limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados y ciertos extranjeros con estadía legal en Estados Unidos, cuestionando la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución. Este movimiento, calificado por críticos como una violación de derechos fundamentales, enfrenta una feroz resistencia judicial y social, mientras pone sobre la mesa un debate constitucional de largo alcance.

La Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”. Sin embargo, Trump cuestiona esta interpretación, argumentando que deberían existir criterios más estrictos para adquirir la ciudadanía. La orden ejecutiva busca negar este derecho a los hijos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales, incluidas mujeres con visas temporales de trabajo, estudio o turismo.

Esta iniciativa ya enfrenta retos legales significativos. Un juez federal en Seattle emitió un fallo inicial calificando el decreto como “claramente inconstitucional”. Organizaciones como Abogados Defensores de los Derechos Civiles y 22 estados han demandado la medida, argumentando que socava derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Además de afectar a los hijos de migrantes indocumentados, la orden también incluye a los nacidos de padres con visas temporales. De implementarse, ningún departamento gubernamental expediría documentos que reconozcan la ciudadanía de estos niños. Esto afectaría a personas que residen legalmente pero de forma temporal, como estudiantes internacionales o trabajadores contratados en sectores tecnológicos.

Actualmente, la ciudadanía se certifica mediante el certificado de nacimiento emitido por gobiernos estatales o territoriales, sin incluir información sobre el estatus migratorio de los padres. Trump busca que las agencias estatales verifiquen dicho estatus, lo incluyan en los certificados y utilicen esta información para determinar la elegibilidad de los recién nacidos al solicitar pasaportes.

Oscar Chacón, de Alianza Américas, señala que este esfuerzo no es nuevo. “Desde los años 70 se discute quién debe ser considerado estadounidense. Trump lidera un movimiento con una larga historia de exclusión racial y cultural”, comenta.

Modificar la Constitución es un proceso complejo que requiere el respaldo de dos tercios del Congreso o de las legislaturas estatales. Sin embargo, Chacón advierte que el actual Tribunal Supremo, de inclinación ultraconservadora, podría facilitar una reinterpretación de la Enmienda 14. “El riesgo es muy grande”, asegura.

Iván Espinosa-Madrigal, abogado defensor, explica que Trump no busca cambiar directamente la Constitución, sino su interpretación mediante medidas administrativas. Estas medidas obligarían a las agencias federales a confirmar el estatus migratorio de los padres antes de expedir documentos de ciudadanía, alterando un sistema vigente desde hace décadas.