En las primeras dos semanas del Gobierno de Donald Trump, funcionarios federales han detenido a 8.768 inmigrantes y deportado a casi 6.000 personas de 121 países, según las estadísticas publicadas este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las detenciones son parte de un esfuerzo por consolidar un aparato de control más grande que involucra a una serie de agencias federales a las que se les ha otorgado una mayor autoridad migratoria bajo la administración Trump.

Expertos jurídicos creen que el gobierno estadounidense podría intentar basarse en el argumento de la invasión para justificar posibles acciones futuras que irían más allá de los límites de la ley de inmigración y que ignoraran los procedimientos establecidos para los que cruzan la frontera. 

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Sin embargo, críticos como Lucas Guttentag advierten que esto es una interpretación forzada para ampliar el poder presidencial. El uso de este lenguaje también podría abrir la puerta a que estados como Texas asuman un rol más activo en la aplicación de políticas migratorias, incluso en contra de restricciones federales.

La posible invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permitiría al gobierno federal endurecer medidas sin respetar procedimientos habituales de detención y deportación. Aunque algunos tribunales han rechazado el argumento de la invasión, el juez James Ho lo ha respaldado parcialmente, lo que sugiere que esta narrativa podría seguir ganando terreno en futuras disputas legales.