Durante una serie de operativos llevados a cabo entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a 646 inmigrantes indocumentados en Houston, Texas, y sus alrededores. La acción fue ejecutada en colaboración con otras agencias de seguridad y tuvo como objetivo individuos con antecedentes criminales.

Del total de detenidos, 543 personas ya contaban con historiales delictivos, incluyendo siete presuntos miembros de pandillas. Entre ellos, 140 fueron acusados o condenados por delitos graves o violentos como homicidio, agresión agravada y violencia doméstica, mientras que 34 enfrentaban cargos por delitos sexuales, incluyendo abuso a menores y posesión de pornografía infantil. Además, 38 arrestados tenían condenas relacionadas con armas de fuego, y cerca de 200 fueron detenidos por delitos vinculados al narcotráfico y la posesión de sustancias controladas.

Bret Bradford, directivo de ICE en Houston, señaló que estos operativos buscan frenar la presencia de "fugitivos peligrosos" y miembros de pandillas transnacionales que han ingresado a EE.UU. en medio de la crisis fronteriza. "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestras comunidades y hacer cumplir la ley", afirmó.

Una de las localidades más impactadas por estas redadas fue Colony Ridge, una comunidad ubicada al norte de Houston con más de 400,000 residentes, en su mayoría de origen hispano. Esta zona ha sido objeto de controversia en el ámbito político desde hace dos años, cuando un tiroteo protagonizado por un inmigrante sin estatus legal dejó cinco muertos.

Desde entonces, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha calificado a Colony Ridge como una "zona al margen de la ley", alegando sin pruebas que allí operan bandas criminales financiadas por cárteles mexicanos. Estas declaraciones han avivado el debate en torno a la presencia de inmigrantes en el estado, con analistas y políticos republicanos describiendo el área como una "colonia" de indocumentados.

El operativo refuerza las iniciativas migratorias del gobierno federal y estatales para endurecer las medidas de control y deportación de inmigrantes sin documentos, en un contexto de crecientes tensiones políticas sobre la seguridad fronteriza y las políticas migratorias en EE.UU.