La Casa Blanca reafirmó su postura respecto a la política de deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y desestimó las decisiones judiciales que han intentado bloquearlas. En particular, desacreditó al juez James Boasberg y a otros magistrados que han emitido fallos en contra de las acciones implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, criticó abiertamente a los jueces que han intervenido en el proceso, calificándolos de "activistas partidistas" que buscan frenar la agenda del mandatario. "Los jueces de este país están actuando erróneamente. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos y claramente frenar la agenda de esta Administración, lo que es inaceptable", declaró.

Leavitt aseguró que el Gobierno continuará luchando en los tribunales contra las resoluciones que buscan bloquear las deportaciones. "Es evidente que existe un esfuerzo concertado por parte de la extrema izquierda para elegir jueces que actúan como activistas partidistas desde la magistratura en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. No permitiremos que eso suceda", enfatizó.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sobre las deportaciones: "Los jueces de este país están actuando erróneamente, están actuando como activistas y están intentando ralentizar el programa de esta Administración. Es inaceptable"

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— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 19, 2025

El presidente Trump invocó recientemente la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, para agilizar la expulsión de presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Justificó la medida argumentando que Estados Unidos está enfrentando una "invasión" por parte de dicho grupo, aunque no presentó pruebas concretas. Pese a la orden judicial en contra, el gobierno ha deportado a más de 200 ciudadanos venezolanos a El Salvador, país que se ofreció a encarcelarlos.

En cuanto a la decisión del juez Boasberg de frenar las deportaciones, Leavitt calificó su acción como un "flagrante abuso de poder" y afirmó que el mandatario estadounidense mantiene la autoridad ejecutiva para deportar a personas que considere una amenaza. "Este juez no tiene esa autoridad", sentenció.

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El entorno de Trump ha intensificado la presión contra Boasberg, especialmente después de que el congresista republicano Brandon Gill iniciara un proceso de destitución contra el magistrado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, según expertos, las probabilidades de que dicho proceso prospere son casi nulas, ya que requeriría la aprobación de dos tercios del Senado, lo que implicaría el respaldo de al menos 14 senadores demócratas.

A pesar de los obstáculos judiciales y políticos, la Casa Blanca mantiene su postura firme en la aplicación de la política de deportaciones, asegurando que seguirá adelante con estas medidas en los próximos días.