El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una demanda judicial por utilizar la aplicación de mensajería Signal —conocida por su función de autodestrucción de mensajes— para conversaciones sobre operaciones militares con otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. La organización no partidista American Oversight presentó la demanda ante la corte del Distrito de Columbia, acusando al equipo gubernamental de violar la Ley de Registros Federales y la Ley de Procedimiento Administrativo al evitar la preservación de estos documentos oficiales.

El caso surgió tras filtrarse fragmentos de un chat grupal en Signal donde los funcionarios coordinaban un ataque contra blancos hutíes en Yemen, ejecutado el 15 de marzo. Entre los participantes figuraban el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, el director de la CIA John Ratcliffe y el secretario del Tesoro Scott Bessent. Inesperadamente, el grupo incluyó por error al editor jefe de The Atlantic, quien posteriormente reveló detalles de la conversación.

‼️En el chat de Signal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió los ataques militares a hutíes que incluyen bombazos desde F-18s y drones.
👉🏽 Y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, quien creó el grupo, confirma la muerte de objetivos.
👉🏽 Esa es considerada… pic.twitter.com/rv73se53Yc

— Jesús García 🐦 (@JesusGar) March 26, 2025

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La demanda exige medidas para detener la eliminación ilegal de registros federales y recuperar los mensajes borrados. El juez federal James Boasberg, asignado al caso, ya mantiene un historial conflictivo con el gobierno: anteriormente bloqueó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y ordenó repatriar a migrantes venezolanos enviados a El Salvador, una orden que la administración no cumplió.

Este litigio podría establecer un precedente sobre el uso de plataformas de mensajería privada en comunicaciones oficiales, especialmente en temas sensibles como operaciones militares. El resultado tendrá implicaciones en la transparencia gubernamental y el manejo de información clasificada.