En medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Birmania el pasado viernes, dejando al menos 1,700 muertos y una estela de destrucción, la Junta Militar —en el poder desde el golpe de Estado de 2021— ha prohibido a medios extranjeros reportar desde la zona del desastre. Las autoridades justifican la medida por la falta de infraestructura y los riesgos para la seguridad, pero corresponsales locales la califican de intento por controlar la información.

El portavoz militar, general Zaw Min Tun, declaró que las solicitudes de cobertura presentadas por agencias internacionales fueron rechazadas debido a la falta de alojamiento, cortes de electricidad y daños en el suministro de agua.

"Hoteles y vías están afectados. Nuestro enfoque es el rescate, no podemos garantizar la seguridad de extranjeros", explicó, según el portal Mizzima. Agregó que la prohibición está "justificada" por la magnitud de la crisis.

Voces dentro de Birmania, como la del comunicador Myint Kyaw, contradicen la versión oficial: "Hay reporteros internacionales capacitados para cubrir desastres. Podrían gestionar su estadía. Esto es un pretexto para ocultar la realidad".

Kyaw acusó a la Junta de buscar manipular la narrativa sobre el terremoto, evitando que el mundo conozca el verdadero impacto humanitario. La medida recuerda otras restricciones impuestas desde el golpe, donde se ha limitado sistemáticamente el flujo informativo.

El terremoto, uno de los más mortíferos en décadas, ha dejado pueblos arrasados y equipos de rescate desbordados. Testigos citados por medios clandestinos describen escenas caóticas: "Llevamos más gente al cementerio que al hospital", dijo un voluntario en condición de anonimato.

Mientras la Junta prioriza su relato, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han alertado sobre el peligro de la desinformación en crisis donde cada hora cuenta. La comunidad internacional sigue a la espera de datos verificables, mientras los birmanos enfrentan la tragedia entre escombros y opacidad.