El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa al imponer sanciones económicas a una extensa red de lavado de dinero, vinculada al narcotráfico y al comercio de drogas sintéticas. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, apunta a seis individuos y siete empresas mexicanas identificadas como pilares financieros de la organización criminal.

Entre los sancionados destaca Enrique Dann Esparragoza Rosas, señalado como cabecilla de una estructura que movió al menos 16.5 millones de dólares a través de casas de cambio en Mexicali, Baja California. La investigación también reveló el papel clave de Alberto David Benguiat Jiménez, quien operaba una red paralela para blanquear ganancias del fentanilo, metanfetamina y otras drogas, con la ayuda de su colaborador cercano, Christian Noé Amador Valenzuela.

La lista incluye a otros cuatro presuntos lavadores: Alan Viramontes Sesteaga, Salvador Díaz Rodríguez, Israel Daniel Páez Vargas y Benguiat Jiménez, este último con doble función en la organización.

Las siete entidades sancionadas —entre ellas Tapgas México, Scatman y Hatman Corp, y Grupo Zipfel de México— fueron catalogadas como fachadas para ocultar el flujo de capital ilícito. Según el Tesoro, estas empresas habrían facilitado transacciones a nombre del cártel, aprovechando estructuras corporativas opacas.

Las medidas implican el congelamiento inmediato de todos los activos vinculados a los sancionados que estén en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o empresas de EE.UU. Además, se prohíbe cualquier transacción con ellos, y las compañías propiedad en más del 50% por los designados quedarán automáticamente bloqueadas.

Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió: "Utilizaremos todos los recursos para desmantelar los sistemas que alimentan la violencia de los cárteles". La acción refuerza la estrategia de EE.UU. contra el Cártel de Sinaloa, ya clasificado como "organización terrorista extranjera".

El anuncio pone nueva presión sobre las autoridades mexicanas para profundizar la colaboración en inteligencia financiera y perseguir redes de lavado, un eslabón crítico del crimen organizado. Hasta ahora, no ha habido reacción oficial por parte del gobierno de México.