Ante la imposibilidad de cumplir sus ambiciosas metas de deportación, la administración del presidente Donald Trump ha optado por una nueva estrategia: ofrecer mil dólares y un boleto de avión a los migrantes indocumentados que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó esta medida como una “oportunidad histórica” para quienes se encuentran en situación migratoria irregular. A través de la aplicación CBP Home una plataforma desarrollada originalmente para facilitar trámites de entrada y salida los migrantes podrán aplicar al programa, autogestionar su retorno y recibir el estipendio económico una vez completado el proceso.

“El retorno voluntario es la forma más segura y rentable de salir de Estados Unidos para evitar ser arrestado”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en redes sociales.

A pesar de las promesas de llevar a cabo “la mayor campaña de deportación en la historia del país”, la administración Trump ha tenido dificultades para alcanzar sus propias metas, incluyendo la deportación de 1,200 personas al día. Diversas órdenes ejecutivas han sido bloqueadas parcial o totalmente por tribunales federales, y el aparato migratorio enfrenta limitaciones logísticas y presupuestarias.

El gobierno estima que cada deportación forzada cuesta más de 17 mil dólares. Con esta nueva medida, el DHS espera reducir en un 70% ese gasto.

Según datos oficiales, el primer caso documentado de uso exitoso del programa fue el de un ciudadano hondureño que viajó desde Chicago a su país con ayuda del CBP Home. Quienes opten por la autodeportación perderán prioridad para ser detenidos y expulsados, siempre que demuestren estar avanzando en el proceso de salida.

Sin embargo, la medida ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que denuncian un enfoque punitivo que estigmatiza a toda la población migrante. Activistas y abogados también han señalado deportaciones arbitrarias, especialmente en casos de personas con tatuajes, a quienes las autoridades vinculan sin pruebas a pandillas.

El gobierno de Trump también ha intensificado la deportación de presuntos miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y la MS-13. Según la Casa Blanca, casi 300 personas han sido trasladadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, tras un acuerdo de cooperación de seis millones de dólares con ese país. Algunos defensores legales aseguran que varios de los deportados no tienen vínculos con organizaciones criminales y fueron arrestados sin debido proceso.

Durante una reunión de gabinete en abril, la secretaria Noem habló de “20 a 21 millones de personas que deben ser repatriadas”, aunque datos oficiales sitúan en 11 millones el número de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en 2022.

La nueva política de incentivos se inscribe en un discurso cada vez más severo del gobierno republicano, que ha calificado como “criminales” a todos aquellos que hayan ingresado sin autorización, incluidos solicitantes de asilo durante la administración Biden.