En un giro radical de su política migratoria, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso al gobierno federal una serie de medidas sin precedentes que buscan otorgar poderes judiciales y operativos a cuerpos estatales y militares para la deportación de inmigrantes.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en Tampa, DeSantis anunció que presentó a la administración del presidente Donald Trump un plan que permitiría a la Guardia Nacional de Florida actuar como jueces migratorios y autorizaría a la Patrulla de Carreteras estatal a realizar redadas de forma independiente del Gobierno federal.

La iniciativa plantea que el Cuerpo de Abogados Generales una rama de la justicia militar asuma funciones judiciales para agilizar procesos de deportación. “Esto permitirá que los procedimientos migratorios se resuelvan con mayor rapidez y eficiencia”, argumentó el mandatario.

Por otro lado, DeSantis reveló que 100 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida ya han sido designados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, mediante el acuerdo 287(g), lo que les confiere autoridad para ejecutar órdenes judiciales federales contra inmigrantes considerados peligrosos.

“Florida es el único estado donde las fuerzas estatales están llevando a cabo operaciones migratorias por cuenta propia”, subrayó el gobernador, quien citó como ejemplo la llamada Operación Marea Negra. Este operativo, llevado a cabo del 21 al 26 de abril, resultó en la detención de 1,120 inmigrantes, y es considerado el mayor despliegue migratorio en un solo estado del país.

La nueva propuesta también incluye la creación de centros de detención estatales y un incremento en la capacidad de aprehensión. “Seremos la punta de lanza en la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos”, prometió DeSantis.

Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante y hay más de 5 millones de personas nacidas en el extranjero, se ha convertido en el laboratorio de la política migratoria conservadora. Desde que DeSantis asumió el cargo, se han aprobado leyes que prohíben las ciudades santuario y sancionan con multas de hasta 5,000 dólares a los funcionarios que no acaten las disposiciones estatales.

Actualmente, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados del estado han firmado convenios 287(g), al igual que múltiples ciudades como Miami, Orlando, Doral y Key West.

Mientras los defensores de la medida aplauden la iniciativa por su mano dura, grupos de derechos humanos han comenzado a alertar sobre posibles violaciones a los derechos civiles y el impacto sobre las comunidades migrantes.