María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años y originaria de México, fue acusada formalmente por una corte federal en el Distrito Oeste de Texas por suministrar granadas al CJNG, organización que recientemente fue catalogada como grupo terrorista por el gobierno estadounidense. La imputación también incluye delitos como tráfico de armas, narcóticos, dinero en efectivo y tráfico de personas.

Se trata de la primera vez que una persona es acusada en EE. UU. por apoyar materialmente a una organización terrorista con base en dicha designación. La fiscalía sostiene que Navarro-Sánchez trabajó directamente con el cártel en operaciones que incluían el contrabando de migrantes, la adquisición ilegal de armamento, y la distribución de drogas como metanfetamina y fentanilo.

El caso forma parte de la iniciativa federal Operation Take Back America, destinada a combatir organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas implicadas en el tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Junto a Navarro-Sánchez también fueron acusados sus presuntos cómplices: Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, y Gustavo Castro-Medina, de 28, ambos también mexicanos. Ellos enfrentarán cargos por tráfico de armas, transporte de migrantes y posesión de sustancias controladas con intención de distribución.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó formalmente al CJNG como organización terrorista extranjera. Con ello, el gobierno estadounidense amplió su capacidad legal para enjuiciar y perseguir judicialmente a quienes colaboren con dicho grupo criminal. El CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos del continente, ha sido vinculado a ataques con drones, armamento militar, extorsiones, y asesinatos de funcionarios en México.

La acusación refleja un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia, al tratar a los cárteles no sólo como redes criminales, sino como amenazas directas a la seguridad nacional. “No permitiremos que organizaciones criminales y terroristas sigan sembrando terror en nuestras comunidades”, declaró la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, subrayó que la detención de Navarro-Sánchez “envía un mensaje claro a quienes deseen aliarse con grupos terroristas: serán buscados y llevados ante la justicia”.

Durante la detención de Navarro-Sánchez en México, el 4 de mayo de este año, las autoridades confiscaron rifles de alto calibre, armas tipo AK-47, y un fusil AR-15 conocido como “El Dorado”. También se incautaron grandes cantidades de drogas sintéticas, incluyendo fentanilo en forma de pastillas azules.

La operación que condujo a la detención y acusación de los implicados fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, el ATF y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) de México y agregados legales de EE. UU. en Ciudad de México.

Desde su creación, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), bajo la cual se enmarca este caso, ha logrado más de 365 arrestos y 334 condenas por delitos relacionados con tráfico de personas y actividades delictivas transnacionales.

Cabe recordar que las acusaciones presentadas son hasta el momento alegatos, y los acusados son considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario ante un tribunal.