El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este viernes un acuerdo con la gigante aeroespacial Boeing para evitar un juicio penal relacionado con los fatales accidentes de sus aviones 737 Max ocurridos en 2018 y 2019, que dejaron un saldo de 346 personas muertas.

Según el comunicado oficial, Boeing admitirá su responsabilidad por haber conspirado para obstruir las labores del Grupo de Evaluación de Aeronaves de la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que habría comprometido la supervisión técnica del polémico modelo 737 Max.

Como parte del acuerdo, la empresa se compromete a pagar o invertir más de 1,100 millones de dólares. Esta suma incluye 444 millones destinados a compensar a las familias de las víctimas, 455 millones para reforzar sus programas internos de seguridad, calidad y cumplimiento normativo, así como una multa de 243 millones de dólares impuesta por el gobierno federal.

“El acuerdo garantiza una rendición de cuentas más inmediata y beneficios tangibles, mientras evita la prolongación e incertidumbre de un juicio penal”, señala el documento presentado por el DOJ.

El pacto, que había sido anticipado por el Wall Street Journal, deja sin efecto una orden judicial previa que abría la puerta a un proceso penal contra Boeing por su responsabilidad en los accidentes en Indonesia y Etiopía. Investigaciones atribuyeron ambos siniestros a defectos de diseño en el sistema automatizado del modelo 737 Max.

Sin embargo, el anuncio ha generado una fuerte reacción entre los familiares de las víctimas, quienes consideran insuficiente la resolución alcanzada y acusan a las autoridades de proteger intereses corporativos por encima de la justicia.

La noticia del acuerdo coincidió con otro acontecimiento significativo: la confirmación de millonarios contratos de compra de aeronaves por parte de Catar y Emiratos Árabes Unidos, quienes adquirieron más de 200 aviones a Boeing, en una operación estimada en más de 110 mil millones de dólares.

Este desenlace se da en un contexto en el que el presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha reforzado su agenda económica enfocada en desregular industrias clave y fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado internacional.