La Universidad de Tokio (Todai), una de las instituciones académicas más prestigiosas de Asia, ha anunciado que evalúa medidas para apoyar a estudiantes internacionales de Harvard afectados por una polémica orden del gobierno estadounidense que limita su permanencia en dicha universidad.

La iniciativa surge como respuesta a una disposición del presidente Donald Trump que prohíbe temporalmente la admisión de alumnos extranjeros en Harvard, alegando que representan una proporción excesiva del alumnado cerca del 25 % y que esto, según el mandatario, perjudica a los estudiantes estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha informado que los estudiantes internacionales inscritos en Harvard deberán transferirse a otras universidades o enfrentar la expulsión del país. Esta medida fue interpretada como una represalia por la negativa de Harvard a proporcionar datos sobre alumnos extranjeros involucrados en manifestaciones propalestinas. Por el momento, la normativa se encuentra suspendida temporalmente por orden de un tribunal federal, que celebrará una audiencia clave el próximo 27 de mayo para determinar su legalidad.

Ante este panorama, Todai expresó su voluntad de ofrecer un puente académico para los afectados. Según declaraciones al diario Asahi, la universidad japonesa permitiría que los estudiantes de Harvard cursen materias como oyentes y reciban certificados que podrían servirles para validar créditos en su regreso a Harvard o en su posible inscripción en otras instituciones.

“Estamos comprometidos a ayudar a jóvenes talentosos a continuar su educación sin interrupciones”, aseguraron voceros de la universidad japonesa, que ya cuenta con experiencia en iniciativas similares: desde 2022 ha acogido a unos 30 estudiantes y académicos desplazados por la guerra en Ucrania bajo un programa flexible y humanitario.

Aunque los detalles del plan aún se encuentran en fase de análisis, la postura de Todai ha sido interpretada como un gesto de solidaridad internacional y defensa de la educación frente a decisiones gubernamentales que amenazan con politizar el acceso académico.