Una corte federal de apelaciones en San Francisco emitió un fallo que permite al presidente Donald Trump mantener temporalmente el control de cerca de 4,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, desatando una nueva controversia entre el mandatario republicano y las autoridades de California.

El presidente celebró la resolución como una “gran victoria” en su red Truth Social, destacando que el dictamen del Noveno Circuito reafirma su facultad para movilizar tropas federales cuando las autoridades locales, a su juicio, no pueden garantizar el orden.

“¡GRAN VICTORIA sobre la facultad fundamental del Presidente para llamar a la Guardia Nacional!”, escribió Trump, quien aprovechó para arremeter contra el gobernador Gavin Newsom, calificándolo de “incompetente y mal preparado”.

El despliegue de tropas se realizó sin el consentimiento del gobierno estatal, lo que generó un rechazo inmediato por parte de Newsom y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos han defendido la capacidad de las autoridades locales para atender las recientes protestas en la ciudad, desencadenadas por redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE.

Las manifestaciones, que se extendieron por varios días, fueron en su mayoría pacíficas, aunque se registraron algunos incidentes de violencia. Trump argumentó que la intervención de la Guardia Nacional era necesaria para proteger edificios federales y respaldar a las fuerzas del orden.

El gobernador Newsom, por su parte, lamentó el fallo, pero señaló que la corte al menos rechazó el argumento del presidente de que podía usar a su antojo la Guardia Nacional sin control judicial. “El presidente no es un rey ni está por encima de la ley”, declaró en un comunicado. “Seguiremos impugnando su uso autoritario de soldados estadounidenses contra los ciudadanos”.

Este episodio se inscribe en una escalada legal que comenzó el pasado 13 de junio, cuando un juez federal dictaminó que Trump había federalizado de forma indebida a las tropas y debía devolver su control al estado. Esa sentencia quedó ahora en suspenso con la decisión de la corte de apelaciones.

El caso promete seguir avanzando en tribunales, mientras el conflicto entre el gobierno federal y las autoridades californianas evidencia las profundas tensiones políticas en torno al manejo de la seguridad interna y la migración en Estados Unidos.