En una medida sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha activado nuevas facultades legales para frenar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, señalando a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como piezas fundamentales en la operación financiera de cárteles de la droga. Estas acciones forman parte de la estrategia federal para bloquear el acceso de organizaciones criminales al sistema financiero estadounidense.

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Las órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) detallan patrones de colaboración prolongada entre estas instituciones y grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Desde transacciones millonarias para la compra de precursores químicos en China hasta esquemas de blanqueo mediante cuentas simuladas, las actividades descubiertas revelan una compleja red de operaciones financieras que alimenta la producción y distribución de opioides sintéticos.

Entre los casos documentados, destaca la implicación directa de empleados y ejecutivos bancarios en la facilitación de pagos ilícitos y reuniones con miembros de organizaciones criminales. Las cifras son alarmantes: solo CIBanco, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en transferencias sospechosas, mientras que Vector y Intercam gestionaron pagos similares hacia empresas chinas. Estas instituciones ahora enfrentan la prohibición de realizar cualquier transacción con entidades estadounidenses, incluyendo operaciones con criptomonedas.

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El gobierno estadounidense ha dejado claro que estas medidas son parte de una ofensiva mayor contra el narcotráfico, que incluye la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Con este nuevo marco legal, Washington busca debilitar los canales financieros de los cárteles y reducir el flujo de drogas sintéticas que tanto daño han causado a la sociedad estadounidense.