La Corte Suprema resolvió este viernes, por mayoría de 6 a 3, que los tribunales federales de menor instancia no pueden bloquear de manera nacional las órdenes emitidas por el presidente.

Aunque el fallo no aborda directamente la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados o con visados temporales un derecho protegido por la Enmienda 14 de la Constitución, sí elimina los bloqueos nacionales impuestos por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, explicó que los jueces federales “no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo” y que su función se limita a resolver casos concretos bajo la autoridad que les otorga el Congreso. En palabras de Barrett, “cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”.

Este fallo, que permitirá que la orden de Trump entre en vigor tras un periodo de 30 días, supone una victoria política para el mandatario republicano, quien firmó el decreto el mismo día que asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero. Según cálculos del Migration Policy Institute, la medida podría afectar a unos 255 mil bebés que cada año nacen en Estados Unidos siendo hijos de migrantes sin residencia permanente.

Las reacciones no se hicieron esperar. La jueza liberal Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo directamente desde el estrado, gesto inusual que subraya la gravedad de su postura: “El Estado de derecho no se da por sentado… sólo perdurará si quienes tienen el coraje suficiente, en cada rama del gobierno, luchan por su supervivencia. Hoy, la corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”.

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que el fallo abre la puerta a que el Ejecutivo afecte derechos constitucionales de personas no mencionadas en las demandas, algo que describió como una “amenaza existencial” para el Estado de derecho.

Expertos legales señalan que, aunque la decisión del Supremo no resuelve el fondo del asunto, otorga margen para que grupos civiles presenten demandas colectivas contra la orden de Trump antes de que entre en vigor. De concretarse, la medida impactaría directamente la interpretación del principio de ciudadanía por nacimiento, piedra angular del sistema migratorio y de derechos civiles de Estados Unidos.

Mientras tanto, la orden ejecutiva permanece en pausa temporal, pero el fallo de la Corte Suprema marca un giro que podría transformar radicalmente la forma en que los tribunales federales intervienen ante decisiones del Ejecutivo.