Un grupo de familias texanas presentó una demanda federal para frenar una nueva ley estatal que obligará, a partir de septiembre, a todas las escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos en cada salón de clases.

La querella, interpuesta en la corte del distrito oeste de San Antonio, sostiene que esta medida es inconstitucional y choca frontalmente con los principios de libertad religiosa consagrados en la fundación de Estados Unidos. De acuerdo con el documento, la ley expondría a más de 5.5 millones de estudiantes a un texto religioso de la tradición protestante, presionándolos a “venerar y adoptar” una visión específica impuesta por el gobierno.

Los demandantes también advierten que la presencia de estos carteles podría enviar un mensaje de exclusión y discriminación hacia alumnos que profesen otras religiones o no practiquen ninguna.

Por ello, solicitaron al juez que bloquee de manera preliminar la entrada en vigor de la ley, mientras se resuelve su constitucionalidad de fondo.

Esta demanda se suma a una serie de disputas legales que se han intensificado en Texas respecto a la presencia de contenidos religiosos en las aulas. En noviembre pasado, la Junta Estatal de Educación aprobó un nuevo currículo con referencias bíblicas para alumnos de preescolar a quinto grado, pese a las objeciones de algunos padres y organizaciones defensoras de la libertad religiosa.

Intentos similares han surgido en otros estados del país. En Luisiana, un juez suspendió el año pasado la implementación de una ley prácticamente idéntica, mientras que en Carolina del Sur y Utah también se han impulsado iniciativas que buscan llevar los Diez Mandamientos a las escuelas.

El origen de esta oleada de propuestas está vinculado a un fallo del Tribunal Supremo de 2022 en el caso Kennedy vs. Bremerton School District. En aquella ocasión, los jueces respaldaron a un exentrenador de fútbol que realizaba oraciones silenciosas en el campo de juego, concluyendo que su conducta no violaba la Constitución.

No obstante, críticos señalan que este tipo de medidas contradicen el principio histórico de separación entre Iglesia y Estado, recogido en la Primera Enmienda, que establece: “El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas”.