A partir de este lunes, las exportaciones de jitomate mexicano hacia Estados Unidos están sujetas a un arancel del 17%, luego de que el gobierno estadounidense decidiera retirar el Acuerdo de Suspensión de Investigación Antidumping que estaba vigente desde 2019. La medida, que originalmente contemplaba un impuesto del 20.91%, fue ajustada tras negociaciones, pero mantiene su objetivo declarado: proteger a los productores de tomate en EE.UU., quienes argumentan que México vende su producto a precios injustos.

El jitomate mexicano es fundamental para el mercado estadounidense, ya que cubre entre el 90% y 95% de sus importaciones. Solo en 2023, México envió 1.8 millones de toneladas, con un valor de 2,800 millones de dólares. La producción nacional, a diferencia de la estadounidense, que es estacional, se mantiene durante todo el año, lo que garantiza un suministro constante. Sin embargo, este nuevo gravamen podría alterar el flujo comercial.

En Estados Unidos, analistas como Timothy Richards, profesor de agronegocios de la Universidad Estatal de Arizona, anticipan que los precios al consumidor podrían aumentar alrededor del 10%, mientras que la demanda podría contraerse un 5%. Restaurantes y empresas de alimentos procesados, como fabricantes de salsa de tomate y pizzas, ya reportan presiones para ajustar sus precios.

Del lado mexicano, el impacto se reflejaría en una posible reducción de las exportaciones, estimada en un 5% para 2025, según el Consejo Consultor de Mercados Agrícolas. Esto afectaría a cerca de 100,000 empleos directos e indirectos, particularmente en estados como Sinaloa, principal productor con 712,000 toneladas anuales, seguido de San Luis Potosí y Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el riesgo de un colapso en las ventas, asegurando que "no hay sustituto" para el jitomate mexicano en EE.UU. y que la producción local de ese país no puede cubrir la demanda. El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, respaldó esta postura, recordando que seis de cada diez tomates consumidos en territorio estadounidense son de origen mexicano.

Ante el escenario, el gobierno mexicano busca renegociar los términos dentro del T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), al tiempo que explora alternativas para diversificar mercados, con miras hacia Canadá, Europa y Asia. Mientras tanto, la industria agroalimentaria local se prepara para un ajuste en sus márgenes de ganancia, en un contexto donde los costos de producción ya enfrentan presiones por sequías y altos insumos.