El gobierno del presidente Donald Trump redobló esta semana sus esfuerzos por endurecer la política migratoria, al solicitar a varios condados de California, incluyendo Los Ángeles y San Francisco, información detallada sobre todos los inmigrantes detenidos en sus cárceles.

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió que se entreguen datos como los delitos cometidos, condenas y fechas de liberación programadas de personas privadas de libertad que no sean ciudadanos estadounidenses. La medida, según el DOJ, tiene como propósito “priorizar” la deportación de indocumentados con historial criminal.

“Todo inmigrante sin documentos está violando la ley federal, pero quienes reinciden en delitos representan un mayor riesgo para la seguridad nacional”, justificó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. La funcionaria agregó que espera que las autoridades locales cooperen de manera voluntaria, aunque advirtió que quienes se nieguen podrían enfrentar consecuencias legales.

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Este nuevo requerimiento se suma a una serie de acciones emprendidas por la administración de Trump contra el llamado estatus santuario que muchas ciudades de California han adoptado, limitando la colaboración con agentes migratorios. El DOJ ya mantiene una disputa legal con Los Ángeles por su negativa a compartir información con autoridades federales.

Organizaciones defensoras de los migrantes y derechos civiles cuestionan la estrategia del gobierno, al considerar que criminaliza indiscriminadamente a la población migrante. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre el 1 y el 26 de junio fueron detenidas más de 2,000 personas en el área de Los Ángeles; el 68% de ellas no tenía antecedentes penales y el 57% jamás había sido acusado de un delito.

Pese a ello, la administración insiste en que estas acciones buscan proteger a la población estadounidense, mientras continúan las redadas y operativos en distintas zonas de California desde principios de junio.