Condiciones insalubres, trato denigrante y aislamiento son algunas de las denuncias que han salido a la luz desde el interior del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en el condado de Collier, Florida. Activistas, familiares y exreclusos han exigido esta semana el cierre inmediato del sitio, al que califican como una “jaula infestada de mosquitos”.

Durante una protesta frente a las instalaciones, Isabella, una residente local, expresó su repudio: “Nadie quiere a su familia aquí, ¡nadie!”. Su indignación fue compartida por decenas de manifestantes que acusan a las autoridades de permitir violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas detenidas.

Entre los testimonios más crudos se encuentra el de Rafael Collado, un cubano detenido tras acudir a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Nos cambian de celda a las 3 de la mañana, no podemos dormir. Es una tortura mental”, relató en una llamada telefónica. Su esposa denunció que, tras una emergencia médica, en lugar de recibir atención, fue esposado y aislado.

Collado describió condiciones antihigiénicas, con duchas restringidas y humedad provocada por tormentas recientes que le causaron hongos en los pies. Además, aseguró que los reclusos son desnudados cada vez que los trasladan, y no existe un horario fijo para el suministro de medicamentos.

Otro interno, Juan Palma, también de origen cubano, reportó sentirse en un “estado de tortura”, durmiendo bajo luces fluorescentes encendidas las 24 horas, sin saber si es de día o de noche. Dijo temer por su vida y aseguró que solo puede bañarse cada tres o cuatro días, compartiendo una celda tipo jaula con más de 30 personas.

Ambos detenidos tienen antecedentes penales, aunque ya cumplieron sus condenas. Sus familiares argumentan que han pagado por sus errores y que ahora enfrentan una nueva forma de castigo sin garantías procesales.

Una demanda legal en curso denuncia que los detenidos no tienen acceso a representación legal efectiva. En varios casos, los abogados no han podido comunicarse con sus clientes por supuestas “fallas de conexión”. Yaneisy Fernández Silva, madre de otro detenido, Michael Borrego, indicó que su hijo ni siquiera ha podido hablar con su defensa: “Le dijeron que se había caído la conexión”.

Frente a las acusaciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desestimó las denuncias: “Solo buscan notoriedad. Estaban molestos porque los sándwiches de jamón no estaban tostados… ¿disculpen?”, dijo irónicamente. También aseguró que los detenidos pueden optar por ser deportados voluntariamente: “Nadie está obligado a quedarse”.

María Bilbao, vocera del American Friends Service Committee, rechazó esas declaraciones y pidió que el condado de Miami-Dade actúe legalmente contra el estado. “Esto le puede pasar a cualquiera. Recibo llamadas todos los días de padres, madres, vecinos”, declaró.

El caso de “Alligator Alcatraz” se inscribe en un contexto más amplio. Según Human Rights Watch, al 20 de junio de 2025, más de 56 mil personas se encontraban detenidas en centros migratorios en Estados Unidos, el número más alto en la historia del país. El 72% no tenía antecedentes penales.

El mismo informe documentó prácticas abusivas en al menos tres centros de Florida en los últimos seis meses. Por su parte, la Coalición de Inmigración de Nueva York difundió un video reciente en el que se observa a decenas de hombres recostados en el piso de un abarrotado centro de procesamiento. Denuncias similares se han documentado en California, Texas, Louisiana, Washington y Nueva Jersey. Las quejas más frecuentes incluyen falta de alimentos, atención médica deficiente y condiciones insalubres.