El régimen militar de Myanmar ha aprobado una draconiana ley electoral que castiga con penas de hasta muerte cualquier intento de alterar los comicios que promete realizar antes de fin de año. La normativa, publicada en el periódico oficial Myanma Alinn, llega en medio de un clima de extrema represión y conflicto armado desatado tras el golpe de Estado de 2021, que derrocó al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

La legislación, firmada por el líder militar Min Aung Hlaing, establece condenas de 3 a 10 años de prisión más multas para quienes inciten protestas, distribuyan propaganda o interfieran en el proceso electoral. Las penas se agravan hasta cadena perpetua por agresiones contra funcionarios electorales o daños a materiales de votación, y se aplicará la pena capital si las acciones provocan muertes. Además, se crearán comités de vigilancia para monitorear a organizaciones consideradas "amenazas".

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La junta militar, que justificó su toma del poder denunciando un supuesto fraude en los comicios de 2020 —no confirmado por observadores internacionales—, enfrenta una creciente resistencia armada tras reprimir violentamente las protestas pacíficas. Grupos opositores como el Gobierno de Unidad Nacional y milicias étnicas, entre ellas la Unión Nacional Karen, han calificado las elecciones de farsa y prometieron impedirlas.

Analistas señalan que el ejército controla menos de la mitad del país y que, sin libertad de prensa ni participación de la oposición encarcelada, los comicios carecerán de legitimidad. Pese a ello, la junta insiste en celebrarlos en 267 municipios, aunque la violencia generalizada podría frustrar sus planes.

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Esta medida consolida la estrategia de la junta para simular un proceso democrático mientras mantiene el poder mediante leyes represivas, en un país sumido en una crisis política y humanitaria sin precedentes.