El Gobierno de Estados Unidos anunció que algunos solicitantes de la visa de turismo B-1/B-2 deberán pagar un depósito como condición para obtener el visado, en el marco de un programa piloto de 12 meses que aplicará a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular. La medida fue publicada por el Departamento de Estado en el Registro Federal y se estima que afectará a unos 2 mil solicitantes.

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Aunque aún no se ha revelado el listado de países incluidos, el programa contempla un depósito que podría alcanzar hasta los 15 mil dólares. Según el documento oficial, los funcionarios consulares tendrán la facultad de exigir este monto como garantía, el cual será reembolsado si el solicitante demuestra que abandonó Estados Unidos dentro del periodo autorizado.

Respuesta a la sobreestadía de visitantes

La iniciativa surge como respuesta a los datos del año fiscal 2023, en el que más de 500 mil personas excedieron el tiempo permitido en su visa, de acuerdo con la administración del presidente Donald Trump. Bajo este argumento, el gobierno busca presionar a los países de origen para que promuevan entre sus ciudadanos el cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.

“El Departamento manda un mensaje claro a todos los países: deben tomar medidas inmediatas para incentivar el respeto a la ley migratoria y mejorar la verificación de identidad y antecedentes criminales de sus ciudadanos”, indica el documento oficial.

La exigencia del depósito se suma al aumento de tarifas aprobado recientemente para diversos trámites migratorios. Entre ellos, la llamada “tarifa de integridad de visa”, que establece un cobro adicional de al menos 250 dólares para todos los extranjeros que ingresen a EE.UU. como visitantes, fue incluida en la legislación impulsada por Trump.

En 2024, Estados Unidos emitió cerca de 11 millones de visas de no migrante, según cifras oficiales del Departamento de Estado. La nueva ley también contempla cobros inéditos para quienes soliciten asilo, con una tarifa inicial de 100 dólares más un pago adicional por cada año que su trámite permanezca en espera de resolución.