La política migratoria del presidente Donald Trump ha provocado un repunte en las detenciones, llevando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a buscar nuevas alternativas para albergar a los migrantes bajo custodia. De acuerdo con datos oficiales de ICE, en la primera mitad de julio había 55 mil 568 personas detenidas, en comparación con los 37 mil 317 que se registraban a finales de enero, cuando Trump asumió la presidencia.

Para hacer frente al aumento, ICE ha activado una red cada vez más extensa de centros de detención. En junio, operó 436 instalaciones al menos una por cada persona detenida ese mes, lo que representa un incremento del 7.1 % respecto a enero y un 14.4 % más que en junio de 2024, según un análisis de la organización Vera Institute of Justice.

Gran parte de esta expansión ocurre fuera del escrutinio público. Agrupaciones como Prison Policy Initiative y The Marshall Project han documentado miles de migrantes detenidos en sitios que no aparecen en los informes oficiales de ICE. Entre mayo y junio, al menos 10 mil 547 personas fueron recluidas en 80 cárceles locales, mientras que se identificaron otras 6 mil 600 en 150 cárceles más, de acuerdo con dichas organizaciones.

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Uno de estos centros es el polémico ‘Alligator Alcatraz’, una instalación recientemente inaugurada al oeste de Miami el pasado 3 de julio. A pesar de los reportes mediáticos sobre su operación, no figura en las estadísticas oficiales de ICE. “Hay una falta de transparencia aquí”, denuncia Susan B. Long, profesora universitaria y cofundadora del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, que analiza los datos de detención migratoria.

Esta opacidad, sostiene Long, impide conocer con certeza cuántos migrantes están detenidos y en qué condiciones. A pesar de ello, los datos disponibles arrojan preocupaciones importantes: siete de cada diez migrantes detenidos no enfrentan cargos criminales, y tres de cada cuatro centros que operan por encima de su capacidad son cárceles de condados, según TRAC.

Para el investigador Michael Flynn, director del Global Detention Project, el fenómeno no es nuevo, pero sí preocupante. “Estados Unidos ha usado prisiones y estaciones de policía para detener migrantes durante décadas. Lo que impacta ahora son los números”, comenta. Flynn también critica que el país incumpla tratados internacionales al no separar adecuadamente a las personas detenidas por motivos migratorios de aquellas con procesos penales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten, además, sobre los intereses económicos detrás del sistema. Jeff Migliozzi, portavoz de Freedom for Immigrants, denuncia que ICE recibirá 45 mil millones de dólares hasta 2029 para ampliar su infraestructura de detención, una cifra que supera en 62 % el presupuesto total del sistema federal de prisiones. Según esta organización, el 90 % de los migrantes están detenidos en centros operados por contratistas privados.

“El sistema de detención migratoria ha sido siempre una mezcla de centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. Ahora, ICE detiene a personas prácticamente donde sea que pueda expandirse”, afirma Migliozzi.